Castilla-La Mancha ha dado un paso más en la prevención de la siniestralidad laboral con la firma, este lunes, de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y la Fiscalía Superior. Un acuerdo que busca reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre instituciones y agilizar la respuesta ante los accidentes en el ámbito del trabajo.

Durante el acto, celebrado en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha subrayado que “la prevención empieza en uno mismo”, aludiendo tanto a los trabajadores como a los empleadores. Además, ha insistido en que el esfuerzo en este ámbito debe ser “constante y transversal”.

En la misma línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha enmarcado este acuerdo dentro de la estrategia del Ejecutivo regional para reforzar las condiciones de seguridad en el tejido productivo. “El convenio viene a fortalecer el modelo de trabajo en Castilla-La Mancha para apostar por trabajos seguros”, ha señalado.

Franco ha destacado que la región se encuentra en cifras históricas de ocupación, con los mayores niveles de población activa y una tasa de paro reducida, aunque ha advertido de que “si no conseguimos que haya puestos seguros, de poco sirven estas cifras”.

El nuevo convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogables, e introduce novedades como el establecimiento de un plazo máximo de 48 horas para comunicar a la Fiscalía los accidentes laborales mortales desde su notificación al sistema Delta del Ministerio de Trabajo. Según ha explicado la consejera, el objetivo es “ganar en agilidad e inmediatez en el intercambio de información”. Para ello, se pondrá en marcha un expediente “único y compartido” que facilitará la coordinación entre todos los agentes implicados en cada siniestro laboral.

Desde la Consejería también han destacado que se establecerán técnicos de seguridad y salud laboral que actuarán como enlace en las distintas provincias para mejorar la implementación del convenio. Además, se impulsarán acciones de formación, asesoramiento y coordinación entre los servicios de prevención de la Administración regional, la Inspección de Trabajo y los fiscales especializados en esta materia.

Más recursos frente a la siniestralidad

Esta iniciativa se traduce en más recursos y más actuaciones, como la nueva convocatoria del programa `Castilla-La Mancha Más Segura´, que incrementa su dotación en un 35% hasta alcanzar los 2,63 millones de euros. Asimismo, este año están previstas más de 10.000 actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, dentro de un total de más de 32.000 inspecciones, lo que sitúa este ámbito como prioritario en la acción inspectora.

El impulso a la prevención también se refleja en el aumento de efectivos. Desde 2020, el número de inspectores y subinspectores ha crecido de 84 a 129 en la región, ampliando la capacidad de control y seguimiento.

Franco ha subrayado que las órdenes en materia de seguridad laboral se han triplicado respecto a hace cinco años, lo que evidencia, a su juicio, el compromiso del Ejecutivo autonómico con la reducción de los accidentes laborales.

La urgencia de reducir las cifras

Por su parte, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, ha incidido en la necesidad de mejorar las cifras de siniestralidad laboral, ya que, según ha señalado, la región “está a la cabeza” a nivel nacional.

En este sentido, ha destacado que el acuerdo permitirá reforzar y mejorar “el intercambio de información” entre administraciones, así como el control y la vigilancia en colaboración con la Inspección de Trabajo.

García-Page ha defendido además que la implicación de la Fiscalía en este ámbito refleja una visión más amplia del papel de la Justicia, que “va más allá de la estricta literalidad de sus competencias” para contribuir de forma constructiva a problemas que afectan al conjunto de la sociedad.

La radiografía de los accidentes tiene mucho que ver con el mapa económico

Durante su intervención, ha vinculado la siniestralidad laboral con la estructura económica, señalando que “la radiografía de los accidentes tiene mucho que ver con el mapa económico”, con diferencias entre territorios con mayor temporalidad, rotación o concentración de determinados sectores.

A pesar de los avances logrados en los últimos años, el presidente regional ha reconocido que las cifras siguen siendo “demasiado elevadas” y ha advertido de que una parte importante de los accidentes laborales “serían evitables”. Por ello, ha insistido en que el objetivo debe centrarse en reducir esa siniestralidad evitable, reforzando la prevención desde todos los ámbitos.