En plena temporada de riesgo extremo de incendios, las diferencias en la gestión forestal entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han vuelto a quedar en evidencia. Lo que ya se demostró con el temporal Filomena, cuando las carreteras castellanomanchegas permanecieron despejadas mientras Madrid quedaba colapsada, se repite ahora con los montes y la prevención de incendios.

Mientras en Castilla-La Mancha se ha consolidado desde hace años una plantilla estable de profesionales forestales y un dispositivo activo durante los 365 días del año, en Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa apostando por un modelo de contratos precarios de apenas tres meses, que dejan a los equipos en una situación de incertidumbre laboral y con capacidad reducida justo en el momento más crítico de la campaña de incendios.

La consecuencia es clara. En Castilla-La Mancha se han desplegado medios permanentes que permiten actuar no solo durante los incendios, sino también en las labores de prevención, limpieza de montes y planificación técnica, mientras que en Madrid se vive un escenario de huelgas de bomberos forestales y carencias en la organización, que comprometen la seguridad de la población y del medio ambiente.

Contraste claro

El contraste ha sido señalado en múltiples ocasiones por los propios trabajadores. En Madrid, los sindicatos vienen denunciando la temporalidad estructural de los contratos, que obliga a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades en busca de empleo estable. Esto repercute en la pérdida de experiencia acumulada, uno de los factores esenciales en la lucha contra el fuego. Por el contrario, en Castilla-La Mancha el Ejecutivo autonómico ha defendido un modelo en el que se refuerza la estabilidad del personal, garantizando su permanencia durante todo el año y, con ello, la capacidad de afrontar episodios extremos como olas de calor, fuertes vientos o tormentas secas.

La misma diferencia quedó patente durante la gran nevada de 2021. Entonces, Filomena dejó bloqueada gran parte de Madrid durante días, con vecinos atrapados y servicios colapsados, mientras que en Castilla-La Mancha, con un dispositivo permanente de carreteras y emergencias, las principales vías se mantuvieron limpias y transitables en un plazo mucho más corto. Aquella situación se convirtió en símbolo de dos modelos de gestión opuestos: el de la planificación y refuerzo de lo público, frente al de la improvisación y la precariedad.

En el caso de los incendios, los datos hablan por sí solos. Madrid se ha visto obligada a afrontar paros y protestas de sus brigadas forestales en plena campaña, mientras que Castilla-La Mancha ha mantenido operativos todos sus equipos. La diferencia de inversión y planificación tiene repercusiones directas: menos superficie arrasada, mayor capacidad de respuesta y una mejor protección del patrimonio natural en la comunidad castellanomanchega.

12 meses del año

La estrategia de Ayuso, basada en contratos de corta duración y externalización de servicios, contrasta con la visión de Castilla-La Mancha, donde el personal de Infocam trabaja los doce meses del año. Ello no solo reduce el riesgo de grandes incendios, sino que también permite una gestión continua del territorio, con tratamientos preventivos que en Madrid, simplemente, no se hacen por falta de personal en los meses de otoño e invierno.

Esta comparativa vuelve a dejar en entredicho el discurso del Partido Popular, que presume de gestión pero acumula episodios de caos en Madrid cada vez que se pone a prueba su sistema de emergencias. Castilla-La Mancha, con menos recursos globales que la Comunidad de Madrid, ha demostrado que con planificación y compromiso con los servicios públicos se garantiza una respuesta eficaz ante cualquier adversidad.