Castilla-La Mancha ha activado una nueva línea de ayudas de hasta 12.000 euros destinada a jóvenes de zonas despobladas que cursen estudios universitarios, en el marco del denominado Contrato Programa incluido en la Ley de medidas contra la Despoblación, en vigor desde 2021. El objetivo es claro: evitar que la salida de los hijos para estudiar suponga también la marcha definitiva de las familias hacia entornos urbanos.

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, lo ha recordado durante su participación en la jornada Urban Workshop organizada por la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del máster universitario Planeamiento Urbano y Territorial. Allí ha defendido que esta iniciativa pretende financiar los estudios universitarios de jóvenes residentes en zonas catalogadas como despobladas para facilitar que sus familias puedan seguir viviendo en sus municipios de origen.

“Somos conscientes de que muchas familias se marchan a las zonas urbanas una vez que sus hijos salen también a cursar los estudios universitarios, y es eso lo que queremos evitar, que tengan que irse”, ha señalado Alique, subrayando el componente estructural del problema demográfico en amplias comarcas de la región.

El Contrato Programa, tal y como recoge la ley autonómica, no se limita únicamente a los estudios universitarios. También incluye ayudas de hasta 6.000 euros para estudiantes de Formación Profesional de grado superior, ampliando así el espectro de jóvenes beneficiarios y reforzando la apuesta por la cualificación profesional en el medio rural.

Desde el Ejecutivo autonómico han insistido en que se trata de “una apuesta firme no solo en la lucha contra la despoblación sino también por garantizar la igualdad de oportunidades a los y las estudiantes de las zonas rurales de Castilla-La Mancha”. El plazo de solicitud de estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026, lo que permitirá a las familias planificar el curso académico con mayor margen.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia que ha situado la lucha contra la despoblación como eje transversal de la política presupuestaria. Según ha recordado Alique, la Ley de Presupuestos regionales de 2026 ha consignado 2.116 millones de euros para políticas frente a la despoblación, recogidos en la Memoria de Impacto Demográfico.

5,8 millones al día destinados a despoblación

Esa cifra implica que, a lo largo del presente ejercicio, el Gobierno de Emiliano García-Page ha estado destinando 5,8 millones de euros al día a políticas vinculadas con el reto demográfico. Los recursos se han dirigido al refuerzo de los servicios públicos en zonas rurales, a incentivos para empresas que se instalen en estos territorios, a la fiscalidad diferenciada contemplada en la ley y a medidas de impulso a la creación de actividad económica.

En términos macroeconómicos, uno de cada cuatro euros del techo de gasto efectivo del presupuesto regional se ha vinculado a políticas con impacto demográfico, lo que supone un 3,4% del PIB regional, una proporción que el Ejecutivo autonómico ha destacado como muy superior al 1% del PIB que reclaman a nivel nacional los colectivos que trabajan por la revitalización del medio rural.

Con este paquete de ayudas directas a estudiantes y el refuerzo presupuestario global, el Gobierno castellano-manchego ha vuelto a situar la permanencia de la población joven en el centro del debate territorial, en una comunidad autónoma donde el equilibrio entre áreas urbanas y rurales continúa marcando el rumbo de las políticas públicas.