El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a rechazar este lunes el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda al considerar que parte de una premisa "injusta", basada en la capacidad tributaria de los territorios y no en el coste real que supone prestar servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales en una comunidad autónoma extensa y dispersa.
Así lo ha trasladado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión bilateral mantenida con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, un encuentro al que el Ejecutivo regional ha acudido, según ha explicado, "por educación y por lealtad institucional", aunque con una posición frontalmente contraria al planteamiento del Gobierno de España.
El consejero ha considerado que la reunión ha llegado "tarde" y con un procedimiento equivocado, ya que, a su juicio, antes de avanzar en un nuevo sistema debería haberse escuchado a todas las comunidades autónomas y llevar después sus planteamientos al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cambio, ha denunciado que Castilla-La Mancha ha sido convocada cuando el modelo ya estaría "pactado y sellado" con Cataluña y con Esquerra Republicana.
Juan Alfonso Ruiz Molina ha centrado sus críticas en el principio de ordinalidad, que el Gobierno castellanomanchego rechaza por entender que beneficia a los territorios con mayor concentración de rentas. "Los impuestos los pagan los ciudadanos, los servicios públicos los reciben los ciudadanos", ha defendido, antes de advertir de que Castilla-La Mancha no aceptará un modelo que prime a quienes más capacidad económica tienen.
En ese sentido, el consejero ha asegurado que resulta un "despropósito" que un Gobierno progresista pueda defender un sistema que, en la práctica, suponga "primar más a quien más tiene". Para el Ejecutivo de Emiliano García-Page, la financiación autonómica debe garantizar que cualquier ciudadano reciba servicios públicos con la misma calidad, viva donde viva y con independencia de la riqueza del territorio en el que resida.
El Gobierno regional ha insistido también en que el modelo no recoge correctamente el coste real de prestar servicios en Castilla-La Mancha, donde la dispersión poblacional y la superficie encarecen de manera evidente la atención sanitaria, educativa y social. Ruiz Molina ha recordado el ejemplo utilizado por el presidente regional, según el cual una ciudad como Fuenlabrada tiene una población similar a la provincia de Cuenca, pero mientras en la localidad madrileña bastan siete centros de salud, en Cuenca son necesarios 32.
Otro de los elementos que ha generado rechazo ha sido el nuevo fondo de dinamismo explicado por Hacienda, vinculado al Fondo de Compensación Interterritorial. El consejero ha trasladado al Ministerio su desacuerdo con utilizar este instrumento para financiar servicios públicos esenciales, ya que, según ha recordado, su finalidad debe ser reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios.
El diálogo que PP y Vox critican
Juan Alfonso Ruiz Molina ha respondido además a las críticas de PP y Vox en Castilla-La Mancha por acudir a la reunión bilateral. El consejero ha defendido que el diálogo es compatible con mantener una oposición firme al modelo y ha reprochado a ambas formaciones que cuestionen una presencia institucional que ha servido precisamente para trasladar al Gobierno central las reivindicaciones castellanomanchegas.
El titular de Hacienda ha subrayado que Castilla-La Mancha ha defendido la misma posición ante gobiernos del PP y del PSOE, basada en la igualdad de los ciudadanos y en el coste efectivo de los servicios. "Eso tiene el nombre de coherencia", ha afirmado, frente a una oposición regional que ha preferido criticar la asistencia a la reunión antes que reforzar una posición común en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.
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