Vox ha vuelto a demostrar que su discurso en defensa del mundo rural se queda en los mítines. Este jueves, durante el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el partido de Santiago Abascal ha sido el único en votar en contra de una Proposición de Ley clave para el campo castellanomanchego, la que regula por primera vez la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la región.
La norma, impulsada por el PSOE y aprobada con los votos favorables de socialistas y populares, establece los requisitos que deberán cumplir las organizaciones para ser interlocutores válidos ante la administración regional. Se trata de un marco jurídico que aporta transparencia, objetividad y seguridad a la relación entre el Gobierno autonómico y el sector primario, y que además responde a una demanda histórica de agricultores y ganaderos que reclamaban claridad y reglas iguales para todos.
El texto aprobado llena un vacío legal que se prolongaba desde hace más de cuatro décadas y coloca a Castilla-La Mancha como la primera comunidad autónoma en legislar en esta materia. La ley fija criterios objetivos —como el número de afiliados, la presencia territorial y la actividad continuada— para determinar qué organizaciones pueden representar legítimamente al sector agrario, y lo hace con un enfoque inclusivo y respetuoso con la pluralidad del tejido agrario regional.
Diálogo y consenso de una ley de la que se desmarca Vox
El diputado socialista Antonio Sánchez Requena, encargado de defender el dictamen ante el Pleno, subrayó que esta ley “nace del diálogo y del consenso”, no solo entre partidos, sino también con los actores del campo. Agradeció expresamente la actitud del PP durante todo el proceso, al que calificó de “constructiva”, y recordó que la norma cumple con lo establecido en la Constitución respecto a la participación de asociaciones legalmente reconocidas.
Desde el Grupo Popular, Santiago Lucas-Torres defendió que esta ley “nace de la realidad del sector”, y no de intereses partidistas, y que pretende fortalecer a las organizaciones agrarias que de verdad trabajan sobre el terreno. “Sin campo no hay alimentos, sin agricultores no hay pueblos y sin organizaciones fuertes no hay interlocución válida”, afirmó.
Frente a este consenso entre los dos principales grupos parlamentarios, Vox se quedó solo votando en contra. Lo hizo con un argumentario que calificó la ley de “maniobra torticera” y acusó a PSOE y PP de tramitarla con prisas y sin informes preceptivos, a pesar de que fue registrada como Proposición de Ley precisamente para agilizar su entrada en vigor y dar una respuesta cuanto antes al sector.
El presidente del Grupo Parlamentario Vox pidió que los criterios establecidos tengan carácter transitorio y reclamó elecciones al campo en un plazo máximo de dos años. Además, lamentó que no se hubiera abierto un trámite de audiencia pública, aunque el texto ha contado con consenso técnico y diálogo con las organizaciones agrarias más representativas.
Acusan a Vox de "hacer el papelón" ante el sector agrario
La réplica del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, fue tajante. Acusó a Vox de "hacer el papelón” frente al sector agropecuario y cuestionó la consistencia de sus argumentos. “Después de 48 años, ya tocaba”, dijo, en referencia a la necesidad de dotar de un marco normativo a la interlocución agraria. También ironizó con el supuesto rechazo del campo a esta ley. “¿Lo preguntamos ahí arriba a ver qué dicen?”, señaló, dirigiéndose a la tribuna del público, donde varios representantes de las organizaciones agrarias han mostrado su apoyo a la norma.
La imagen que deja el debate es clara. Mientras PSOE y PP han entendido la importancia de avanzar hacia una representación agraria moderna, con garantías y basada en hechos, Vox ha preferido quedarse en la oposición estéril. Una vez más, su supuesto compromiso con el campo se ha diluido en cuanto ha tocado legislar. Mucho ruido en los mítines, pero pocas soluciones en las instituciones.