Un cazador ha sido condenado por matar en 2019 a un lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), un ejemplar que estaba identificado y siendo objeto de seguimiento. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo, ha establecido además una indemnización de 100.800 euros por los daños causados.
El fallo considera probado que el acusado abatió a "Nenúfar", una hembra que portaba un radiotransmisor, incurriendo en un delito contra la fauna por imprudencia grave. La muerte del animal no fue un hecho aislado, ya que días después uno de sus cachorros apareció muerto por inanición, tras quedar sin la protección materna.
Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la actividad cinegética sin licencia en vigor y en un periodo no autorizado. La jueza ha impuesto una pena de multa durante varios meses, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer actividades relacionadas con la caza.
Durante el procedimiento, las acusaciones habían solicitado sanciones más elevadas. La administración autonómica llegó a reclamar una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización SEO/BirdLife fijó su petición en 180.000 euros. Finalmente, el juzgado ha rebajado la cuantía hasta los 100.800 euros, incluyendo tanto la muerte del ejemplar como la de su cría. Por otro lado, la sociedad de cazadores vinculada al caso ha sido absuelta, al no apreciarse responsabilidad civil subsidiaria.
Un caso en plena recuperación del lince
La resolución judicial llega en un momento clave para el lince ibérico, cuya población ha experimentado una notable recuperación en los últimos años. Según los datos más recientes, en 2025 se ha alcanzado una cifra cercana a los 3.000 ejemplares, con un crecimiento interanual próximo al 19% respecto a los 1.365 censados en 2021.
Este contexto ha llevado a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha a subrayar que se trata de un caso aislado, al tiempo que ha condenado la actuación del cazador. La organización ha recordado la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética y ha defendido el papel de los cazadores y gestores de cotos en la conservación de la biodiversidad.
Asimismo, ha incidido en que participa activamente como acusación en delitos graves contra la fauna, como envenenamientos o muertes de especies protegidas, y ha planteado la posibilidad de revisar el estatus legal del lince ante la previsión de que la población alcance los 3.500 ejemplares en 2026.
El caso de "Nenúfar" refleja así las tensiones entre la actividad cinegética y la conservación de especies protegidas, en un momento en el que los avances en la recuperación del lince ibérico conviven todavía con amenazas que pueden comprometer su consolidación definitiva.
