El Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), dirigido por el Partido Popular bajo la Alcaldía del 'popular' Valentín Bueno, ha incluido entre los admitidos a una plaza fija de conserje polivalente a uno de los miembros más visibles del actual equipo de gobierno, Juan José Calero, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Juventud, Cultura y Festejos.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el pasado 23 de junio de 2025, Calero Gutiérrez aparece con el número 18 en el listado provisional de personas admitidas al proceso selectivo. Un proceso que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en julio de 2024 y que contempla la cobertura definitiva de una plaza de personal laboral fijo a jornada completa mediante concurso-oposición. La primera prueba ya tiene fecha, el 24 de septiembre.
La noticia ha desatado críticas y perplejidad por parte de vecinos, ya que Calero forma parte activa del equipo que ha impulsado esta misma convocatoria, lo que plantea serios interrogantes sobre la ética institucional y la separación entre el poder político y la administración. Si bien no incurre formalmente en ninguna ilegalidad, su candidatura dentro de un proceso gestionado desde su propio Ayuntamiento compromete la credibilidad del sistema.
Un paso en falso desde el propio gobierno
En la actualidad, Calero percibe del erario público más de 24.200 euros brutos al año como concejal, además de unos 1.100 euros como trabajador autónomo, tal y como figura en su declaración de renta de 2024. A pesar de ello, ha optado por participar en un proceso selectivo que le permitiría obtener un puesto laboral indefinido dentro de la administración que él mismo ayuda a dirigir.
El conflicto de intereses es evidente. Un miembro del gobierno municipal se presenta como candidato a una plaza cuya creación, aprobación de bases y tramitación se han realizado bajo el mando del mismo equipo del que forma parte.
Las bases del proceso, como ocurre en muchas oposiciones locales, no contemplan ninguna cláusula de exclusión para cargos públicos electos, un vacío legal que no exime de responsabilidad ética, pero que sí deja vía libre a este tipo de maniobras. La convocatoria exige como requisito mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria y contempla méritos relacionados con la experiencia laboral en puestos similares, así como cursos formativos y titulaciones superiores.
Tribunal formado por personal del Ayuntamiento
El tribunal encargado de valorar el proceso añade un elemento más de controversia. La presidencia recae en el secretario del propio Ayuntamiento, y sus vocales y suplentes pertenecen todos a la plantilla de Villarrobledo. Aunque la normativa permite que el personal funcionario y laboral fije forme parte de estos órganos, en este caso la proximidad laboral entre los miembros del tribunal y el aspirante cuestiona la independencia de la selección.
No se trata de una ilegalidad, pero sí de un ejemplo palmario de cómo la normativa actual permite situaciones que socavan la confianza ciudadana en los procesos públicos. Lo que está en juego no es únicamente una plaza de conserje, sino la imagen de neutralidad e imparcialidad de las instituciones locales.