Castilla-La Mancha pondrá sobre la mesa un cambio normativo de calado para uno de sus sectores económicos en expansión. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno autonómico aprobará en el último trimestre del año una Ley de Turismo con la que pretende ordenar el crecimiento del sector y evitar los abusos que ya se han producido en otros territorios.

El anuncio se ha producido en el marco del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que la norma no será únicamente una actualización técnica, sino una herramienta para anticiparse a los problemas derivados del auge turístico. En este sentido, ha subrayado que la ley recogerá demandas del sector y abordará cuestiones clave como la calidad de la oferta o la regulación de determinadas actividades.

Aunque el texto aún no ha sido presentado, el propio planteamiento del Gobierno regional apunta a una ley alineada con lo que ya están haciendo otras comunidades autónomas. Esto implica reforzar los mecanismos de control sobre la oferta turística, especialmente en ámbitos como los alojamientos, donde el crecimiento desordenado ha generado conflictos en distintas partes del país.

En el caso de Castilla-La Mancha, el objetivo pasa por consolidar un modelo propio basado en el equilibrio territorial y la sostenibilidad. Frente a destinos tensionados por la masificación, la región opta por un desarrollo más pausado, apoyado en el turismo rural, el patrimonio y la cultura, con un impacto más repartido entre municipios.

Uno de los elementos que ha introducido García-Page es la relación entre turismo y artesanía, planteando la necesidad de regular la consideración de comercio artesano en determinadas zonas. Se trata de una apuesta por reforzar la identidad del destino y evitar que el crecimiento turístico derive en una pérdida de autenticidad o en una oferta homogénea.

Debate fiscal y ruido político

El anuncio de la ley no ha estado exento de lectura política. El propio García-Page ha deslizado el debate sobre las tasas turísticas al reconocer sus dudas sobre abordar esta cuestión y apuntar, en tono irónico, que después la oposición le critica por poner impuestos "aunque los vayan a cobrar ellos" en los ayuntamientos.

Esa referencia vuelve a situar el foco en la estrategia del Partido Popular, que de forma recurrente centra su discurso en la presión fiscal, incluso en debates donde no hay todavía medidas concretas sobre la mesa. En este caso, el propio presidente ha anticipado ese escenario de confrontación antes incluso de que el texto de la ley haya sido presentado.

Frente a ese planteamiento, el Gobierno regional ha enmarcado la futura normativa como una herramienta para ordenar el crecimiento del turismo y reforzar su calidad, en línea con la estrategia que viene defendiendo en los últimos años junto al sector. Una hoja de ruta que busca consolidar un modelo sin tensiones, alejado de los problemas de saturación que sí afectan a otros destinos, y que pone el acento en el equilibrio territorial y la distribución de la actividad económica.

Actualizar el modelo sin romperlo

La futura ley llega en un contexto en el que el turismo en Castilla-La Mancha mantiene una evolución positiva, sin las tensiones que sí se registran en otras comunidades. Precisamente por eso, el Gobierno regional insiste en la necesidad de actuar ahora, cuando el margen de maniobra es mayor.

Entre los aspectos que previsiblemente abordará la norma están la planificación de la actividad turística, la mejora de los estándares de calidad y la regulación de nuevas formas de alojamiento vinculadas a las plataformas digitales. Todo ello con el objetivo de evitar prácticas que puedan deteriorar el destino o generar conflictos con la población local.

Además, la ley se enmarca en una estrategia más amplia que busca aprovechar el turismo como herramienta de desarrollo económico, especialmente en zonas rurales. La idea de una riqueza repartida por todo el territorio es uno de los ejes del discurso del Ejecutivo, que defiende un modelo capaz de generar empleo y fijar población sin concentrar los beneficios en unos pocos puntos.

El desarrollo de la norma será clave para comprobar hasta dónde quiere llegar el Gobierno regional en esa regulación del sector. Por ahora, el anuncio deja claro el objetivo político: ordenar el crecimiento antes de que lleguen los problemas, frente a una oposición que, una vez más, ha optado por centrar el debate en el terreno fiscal sin esperar a conocer el contenido real de la ley.