Según el informe anual de transparencia 2024 elaborado por la consulta Dyntra, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en índice de transparencia. En el año de estudio, se ha cumplido con el 95% de obligaciones de publicidad activa: “. Es decir, sin necesidad de que la ciudadanía nos pida información, nosotros la facilitamos”, explica la consejera Portavoz.
Esther Padilla ha celebrado estos datos explicando la evolución. En el 2023 el índice estaba en el 90,6%, por lo que en un solo año, se ha incrementado en más de 4 puntos y colocando a Castilla-La Mancha como un ejemplo de región transparente: “Gobernar también es explicar qué se hace, cómo se hace y con qué recursos se hace”.
El portal de transparencia de la Junta ha recibido más de 863.000 visitas, “pero quizá lo más relevante es que todas esas personas que entran a realizar consultas, cada vez están más tiempo y consultan más páginas”, llegando a producirse un incremento del 64% y llegando a los 2,9 millones de páginas visitadas en el 2024.
Castilla-La Mancha cuenta con 351 conjuntos de datos abiertos, lo que, según explica la consejera, “que significa que cualquier persona puede acceder a esa información pública de forma estructurada y la puede analizar, reutilizar o generar conocimiento a partir de ella”.
Desde el 2016 se han registrado más de 2.500 solicitudes de acceso a información pública y el 99,4% se ha resuelto, “lo que demuestra que el sistema funciona y no se bloquean peticiones”, y el Portal de Transparencia ha experimentado un aumento del 70% en el volumen de datos respecto a su creación en el año 2017.
Fue entonces cuando se aprobó la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas, que sacaba a Castilla-La Mancha de la cola en transparencia y aprobaba una ley con la que ya contaban prácticamente todas las autonomías, salvo la Comunidad de Madrid, Cantabria o las Islas Baleares, gobernados durante la legislatura de 2011 a 2015 por el PP.
El mismo caso que en Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal bloqueó esa ley que completaba a la nacional y que situó a la región a la cola. Una vez realizado el cambio de Gobierno, el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro reconoció que cumplir los plazos había sido tarea complicada debido a la falta de planificación del anterior ejecutivo y que recopilar y organizar la información les fue muy complicado.
Padilla ha querido evidenciar que la región no atraviesa el mismo momento que hace 10 años, cuando justo se producía el cambio de mandato al frente de la Junta de Comunidades y “no haber transparencia”, a ahora ser la segunda comunidad autónoma.
Aquella ley ha sufrido una modificación este mismo año que solamente ha contado con los votos a favor del PSOE, por los votos en contra de PP y Vox. Una ley, que como defendía el gobierno, no es un “capricho”, sino “necesaria para que el sistema se implemente con todas las garantías”: "Europa nos lo exige, España lo regula y Castilla-La Mancha lo cumple".