No faltan viviendas en el medio rural, pero sí mecanismos ágiles para recuperarlas y hacerlas habitables. Esa es la realidad que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Castilla-La Mancha este jueves, poniendo el acento en la necesidad de aplicar una “lupa rural” a las políticas estatales, reclamando más flexibilidad para rehabilitar inmuebles vacíos y facilitar su salida al mercado del alquiler en zonas despobladas.

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha defendido esta posición durante la jornada ‘Habitar el Mundo Rural: Vivienda y Futuro’, celebrada en Pozuelo de Calatrava y en la que ha participado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Desde allí, Alique ha puesto sobre la mesa una realidad que se repite en numerosos municipios: hay viviendas, pero no están disponibles. Una situación que, según ha explicado, genera una paradoja en el medio rural, donde la llegada de nuevos vecinos choca con la falta de inmuebles habitables.

En este contexto, el Ejecutivo castellanomanchego ha dirigido su mensaje al futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuya aprobación se prevé en los próximos días. Alique ha reclamado que las ayudas destinadas a rehabilitar viviendas vacías sean más flexibles y adaptadas a las condiciones reales de los pueblos, donde factores como la falta de cultura de alquiler o la inseguridad jurídica de los propietarios frenan la movilización de inmuebles.

Entre las propuestas planteadas, ha destacado la necesidad de elevar las ayudas para rehabilitación integral por encima de los 35.000 euros, de forma que puedan cubrir también el equipamiento básico de las viviendas. Asimismo, ha pedido incorporar líneas específicas para seguros frente a impagos o daños, así como facilitar la obtención del certificado de eficiencia energética, elementos que, en su opinión, son clave para generar confianza entre los propietarios.

Otro de los puntos que el Gobierno regional considera prioritarios es eliminar la obligatoriedad de que las viviendas estén inscritas en el Registro de la Propiedad para acceder a las ayudas. Según ha advertido, esta exigencia deja fuera a una parte significativa del parque inmobiliario rural. Como alternativa, Castilla-La Mancha propone acreditar la titularidad mediante datos catastrales, una fórmula más acorde con la realidad de estos municipios.

Resultados del PREE 5000 y políticas propias

Más allá de las reivindicaciones, el Ejecutivo autonómico ha defendido su gestión en materia de vivienda rural con cifras concretas. Castilla-La Mancha ha liderado la aplicación del programa PREE 5000, destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes, concentrando casi 60 millones de euros de inversión. Este esfuerzo se ha traducido en la rehabilitación de 1.009 viviendas y en el beneficio directo para 3.450 personas.

Estos datos sitúan a la comunidad autónoma como referente nacional en la ejecución de este programa, hasta el punto de que uno de cada tres euros gestionados en España ha tenido como destino el territorio castellano-manchego. Una línea de actuación que el Gobierno regional ha vinculado directamente con su estrategia para combatir la despoblación.

A esta iniciativa se suman programas propios, como la rehabilitación de viviendas municipales en siete localidades, con una inversión de 1,1 millones de euros. Estas casas se han destinado a alquileres asequibles, con precios que no superan los 250 euros mensuales, y actualmente se encuentran completamente ocupadas, lo que refuerza la tesis del Ejecutivo autonómico sobre la demanda existente en el medio rural cuando la oferta es adecuada.

En paralelo, la Ley de Medidas contra la Despoblación ha introducido incentivos fiscales que permiten deducciones de hasta el 15% en el tramo autonómico por la compra o rehabilitación de vivienda en estas zonas. A ello se añade una ayuda directa de 500 euros por traslado de vivienda habitual, de la que se beneficiaron 1.600 personas en la última campaña de la renta, un dato que evidencia un movimiento real de población hacia municipios pequeños.

Una estrategia frente al abandono rural

La intervención de Alique ha insistido en que la vivienda es uno de los pilares sobre los que se sustenta la estrategia regional contra la despoblación. Sin acceso a un hogar en condiciones, ha venido a señalar, resulta imposible fijar población ni atraer nuevos habitantes a los pueblos.

En este escenario, Castilla-La Mancha ha marcado perfil propio frente a un diseño estatal que considera demasiado rígido. Una crítica que, aunque formulada en términos técnicos, vuelve a evidenciar las tensiones entre la realidad del territorio y las políticas impulsadas desde despachos alejados del medio rural, donde las soluciones estándar no siempre encajan.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico ha optado por combinar presión política y resultados prácticos, tratando de consolidar un modelo que, al menos en términos de ejecución, contrasta con la falta de propuestas concretas que en este ámbito han mostrado formaciones como el Partido Popular o Vox, más centradas en el debate ideológico que en ofrecer alternativas viables para activar el mercado de vivienda en los pueblos.