El campo europeo lleva años sosteniéndose sobre una paradoja difícil de ocultar. La Unión Europea ha destinado durante décadas miles de millones de euros a la agricultura y la ganadería, ha convertido la Política Agraria Común (PAC) en una de sus grandes herramientas presupuestarias y, sin embargo, no ha conseguido resolver una pregunta básica, quién trabajará la tierra cuando se jubilen quienes hoy mantienen vivas las explotaciones. Sin relevo generacional, el problema ya no es solo demográfico o económico, sino también alimentario, territorial y estratégico.
Castilla-La Mancha quiere llevar esta preocupación al corazón de Europa. El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico planteará en las instituciones europeas que la inversión destinada a políticas de relevo generacional dentro de la PAC se duplique, pasando del 5% previsto por la Unión Europea al 10%. La propuesta busca garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria o ganadera se quede fuera por falta de financiación.
Caballero ha realizado este anuncio durante la clausura de la jornada sobre oportunidades de financiación europea organizada por la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que también ha participado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo. El mensaje del Ejecutivo castellanomanchego ha sido claro, Europa no puede seguir hablando de futuro rural mientras mantiene una financiación insuficiente para quienes deben protagonizarlo.
El vicepresidente segundo ha defendido que el relevo generacional no puede limitarse únicamente a que los hijos continúen con las explotaciones familiares. A su juicio, las ayudas también deben servir para abrir la puerta a jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural, pero que ven en el campo una oportunidad de empleo, emprendimiento y proyecto de vida. La falta de jóvenes agricultores y ganaderos amenaza con dejar explotaciones abandonadas, debilitar la actividad económica de los pueblos y aumentar la dependencia exterior en un momento en el que la soberanía alimentaria se ha convertido en un asunto de primer orden.
Esta será una de las propuestas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá la próxima semana ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones, que se celebrará en Bruselas la próxima semana. Según ha explicado Caballero, la intervención del presidente regional culmina un trabajo desarrollado durante meses con el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha y de otras regiones europeas, después de que el propio Comité encargara a la comunidad autónoma una aportación específica por su experiencia en políticas de relevo generacional.
No dejar al campo en segundo plano
El Gobierno regional quiere que la nueva orientación presupuestaria europea no deje al campo en un segundo plano. Caballero ha advertido de que el marco financiero plurianual planteado por la Unión Europea carece de ambición suficiente para afrontar los retos actuales. Aunque ha reconocido que el contexto internacional ha cambiado y que Europa debe reforzar su inversión en defensa, ha subrayado que ese esfuerzo no puede hacerse a costa de recortar derechos, oportunidades y recursos al sector agrario.
La advertencia llega en un momento en el que la política agraria europea vuelve a estar atravesada por tensiones. Mientras Vox alimenta un discurso de rechazo frontal a Bruselas y el PP oscila entre criticar la PAC según el territorio y defenderla cuando conviene, Castilla-La Mancha ha optado por situar el debate en el terreno presupuestario y práctico. No basta con reclamar que haya jóvenes en el campo si después no se garantizan recursos suficientes para que puedan instalarse, acceder a tierra, modernizar explotaciones o sostener una actividad cada vez más condicionada por los costes, la burocracia y la incertidumbre climática.
Caballero ha insistido en que Castilla-La Mancha ha reforzado en los últimos años su presencia en las instituciones europeas porque cada vez más decisiones tomadas en Bruselas tienen efectos directos en la vida cotidiana de la ciudadanía y en la capacidad de actuación de las administraciones. En el caso del campo, esa relación es todavía más evidente. La PAC no solo reparte ayudas, también define prioridades, marca incentivos y condiciona el modelo agrario de las próximas décadas.
Por eso, el Gobierno castellanomanchego quiere que Europa corrija el rumbo antes de que el problema sea irreversible. Tras años de subvenciones millonarias, el riesgo ya no está únicamente en producir menos, sino en no tener a nadie que produzca. Y si las explotaciones se abandonan, no solo se pierden hectáreas cultivadas o cabezas de ganado, también se vacían pueblos, se rompe la transmisión de conocimiento y se debilita la capacidad europea para decidir qué come, cómo lo produce y de quién depende para alimentarse.
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