Castilla-La Mancha da por hecho que el modelo de financiación no saldrá adelante por “injusto y regresivo”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central y se muestra convencido de que la propuesta no llegará a prosperar. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que el documento presentado por el Ministerio de Hacienda es “injusto”, “regresivo” y responde a planteamientos impulsados por las fuerzas independentistas catalanas, por lo que duda de que pueda reunir los apoyos políticos necesarios para su aprobación. 

Tras informar al Consejo de Gobierno de la reunión bilateral mantenida este lunes con la Secretaría de Estado de Hacienda, Ruiz Molina ha anunciado su intención de comparecer en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para explicar la posición del Ejecutivo autonómico y defender nuevamente el modelo que viene reclamando la región desde hace años.

La comparecencia también servirá para pedir respaldo político a una propuesta que, según ha afirmado, debería contar con el apoyo de toda la comunidad autónoma. En este sentido, lanzó un mensaje al Partido Popular de Paco Nuñez, al que ha reprochado limitarse a cuestionar la postura del Gobierno castellanomanchego sin plantear alternativas concretas.

“Me gustaría escuchar alguna propuesta en vez de escuchar exclusivamente críticas”, ha señalado el consejero, quien ha insistido en que la financiación autonómica debería abordarse desde una posición común en defensa de los intereses de la región. “Me gustaría que fuéramos unidos defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha”, ha añadido.

Un modelo que “premia territorios” en lugar de garantizar la igualdad

Durante su intervención, Ruiz Molina ha reiterado que el Gobierno regional trasladó al Ministerio su rechazo frontal a la propuesta de financiación presentada por Hacienda. Según ha explicado, el principal problema es que introduce criterios que favorecen a determinadas comunidades autónomas y rompen con el principio de igualdad que debería regir el sistema. “Se trata de un modelo injusto y regresivo que trata de satisfacer privilegios para una determinada comunidad autónoma, privilegios que se convierten en desventajas para Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

El consejero ha trasladado su convencimiento de que la propuesta no llegará a superar el trámite parlamentario. Aunque ha reconocido que las comunidades autónomas aspiran legítimamente a contar con más recursos, ha defendido que el debate planteado por algunas formaciones independentistas “va más allá” de una simple mejora de la financiación. “Lo que quieren no es más financiación, que eso lo queremos todos, sino más financiación que los demás”, ha asegurado.

A su juicio, buena parte de la filosofía del modelo se sustenta en el principio de ordinalidad, un criterio que permitiría que las comunidades con mayores niveles de renta mantuvieran una posición más ventajosa también en el reparto de recursos públicos. “Vienen a decir que aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a mayor financiación y, por lo tanto, sus ciudadanos tienen derecho a unos servicios públicos en mejores condiciones que los demás”, ha denunciado.

Ruiz Molina ha asegurado haber trasladado personalmente esta crítica al secretario de Estado de Hacienda durante la reunión celebrada este lunes. “No concibo cómo un gobierno progresista puede defender un postulado de esas características, que viene a decir que quien más tiene más derechos tiene”, ha afirmado, llegando incluso a cuestionar que ese planteamiento sea compatible con el espíritu de la Constitución.

La alternativa que defiende Castilla-La Mancha

Frente a la propuesta estatal, el Gobierno regional mantiene su apuesta por un sistema que garantice el coste real de los servicios públicos y tenga en cuenta las características específicas de cada territorio. “El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un modelo de financiación que garantice el coste real que supone prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, ha explicado el consejero.

Para ello considera imprescindible incorporar variables como la superficie, la dispersión de la población o la baja densidad demográfica, factores que incrementan significativamente el gasto necesario para prestar servicios básicos como la sanidad o la educación.

Ruiz Molina ha vuelto a utilizar uno de los ejemplos más repetidos por el presidente regional, Emiliano García-Page, para explicar esa realidad. Según ha recordado, Fuenlabrada cuenta con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca y puede atender a sus ciudadanos con siete centros de salud, mientras que en el territorio conquense son necesarios 32 para prestar el mismo servicio.

“El principio que debe regir el sistema de financiación es el de igualdad”, ha defendido. “Todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan o de la capacidad económica de su territorio, tienen derecho a recibir servicios públicos de la misma calidad”.

Críticas por la falta de información y transparencia

El consejero también ha mostrado su malestar por la documentación facilitada por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, durante el proceso de negociación. Según ha explicado, Castilla-La Mancha acudió a la reunión sin disponer de información suficiente para analizar el impacto global de la propuesta, ya que únicamente recibió una hoja de cálculo con datos de la propia comunidad autónoma pocas horas antes del encuentro.

“No disponíamos de información sobre el conjunto del sistema ni sobre cuál sería la financiación que recibirían las demás comunidades autónomas”, ha lamentado. Por ello, ha reclamado más transparencia al Gobierno central para poder evaluar con rigor las consecuencias reales del modelo planteado.

Asimismo, ha cuestionado algunos de los cambios introducidos en la denominada población ajustada, especialmente la reducción del peso de la superficie como variable de reparto, una decisión que considera perjudicial para comunidades extensas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Andalucía.

Por último, también ha rechazado la posibilidad de incorporar el Fondo de Compensación Interterritorial al sistema de financiación autonómica. A su juicio, ese instrumento fue creado para corregir desequilibrios económicos entre regiones y no para financiar servicios públicos esenciales. “Ese fondo está para reducir las diferencias de renta y riqueza entre comunidades autónomas, pero no para financiar la sanidad, la educación o los servicios públicos fundamentales”, ha concluído.