El Gobierno de Emiliano García-Page ha confirmado que participará en la reunión planteada por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha reclamado que antes del encuentro se facilite a las comunidades autónomas información detallada sobre la propuesta que pretende presentar el Ejecutivo central.
Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha defendido que el proceso debería haberse iniciado desde el principio mediante el diálogo con el conjunto de las comunidades autónomas y no a partir de planteamientos conocidos únicamente a través de los medios de comunicación.
“La Consejería de Hacienda va a contestar esta misma mañana a ese ofrecimiento y, por supuesto, vamos a acudir a la reunión”, ha asegurado Guijarro, quien ha considerado que “así se deberían haber hecho las cosas desde un principio”, convocando a todas las comunidades para conocer sus posiciones sobre la reforma del modelo.
El vicepresidente primero ha avanzado que uno de los primeros planteamientos que realizará Castilla-La Mancha será solicitar al Ministerio que remita previamente la documentación y los datos concretos sobre la propuesta de financiación.
“Vamos a pedir que, con carácter previo a esa reunión, se traslade al Gobierno regional y a la Consejería de Hacienda la información concreta de la propuesta que hace el Ministerio”, ha explicado.
A su juicio, resulta imprescindible que las comunidades acudan al encuentro con toda la información necesaria para poder analizar las consecuencias de cualquier modificación del sistema. “No puede ser que vayamos a una reunión con información que se ha publicado en los medios de comunicación. Queremos una traslación de la información y de los datos directamente desde el Ministerio de Hacienda”, ha señalado.
Sin privilegios y con financiación suficiente para los servicios públicos
Martínez Guijarro ha dejado claro que la posición que defenderá Castilla-La Mancha en la negociación pasa por garantizar la igualdad entre territorios y evitar cualquier fórmula que suponga ventajas para unas comunidades frente a otras.
“Vamos a trasladar cuál es el posicionamiento del Gobierno regional: igualdad en la financiación. No puede suponer ningún privilegio para ningún territorio”, ha afirmado.
La Junta considera que el nuevo modelo debe responder a las necesidades reales de cada comunidad autónoma y financiar adecuadamente el coste efectivo de los servicios públicos, especialmente en regiones con una elevada dispersión territorial y amplias zonas afectadas por la despoblación.
En este sentido, Guijarro ha recordado que Castilla-La Mancha ya ha remitido propuestas por escrito para modificar algunos de los criterios que actualmente se utilizan en el reparto de recursos.
“Hemos planteado una revisión del concepto de población ajustada para incorporar determinadas variables que permitan financiar el coste efectivo de la prestación de los servicios en cada uno de los territorios, con independencia de sus circunstancias”, ha explicado.
El coste de la despoblación
Uno de los principales argumentos que llevará Castilla-La Mancha a la negociación será el mayor coste que supone mantener servicios públicos en las zonas rurales y despobladas.
El vicepresidente primero ha insistido en que garantizar la atención sanitaria, educativa o social en estos territorios requiere más recursos que en las grandes ciudades y que esa realidad debe reflejarse en el futuro sistema de financiación.
“Es clave cuando hablamos del mantenimiento de servicios en las zonas afectadas por la despoblación, porque es muchísimo más caro que en las zonas urbanas”, ha señalado.
Para ilustrar esta situación, ha puesto como ejemplo la provincia de Guadalajara. “Atender una tarjeta sanitaria en la zona de Molina de Aragón es cinco veces más caro que atenderla en Guadalajara capital”, ha explicado.
Según Guijarro, este tipo de diferencias evidencian la necesidad de que el modelo tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos y no únicamente variables relacionadas con la población.
“Ese sobrecoste de la prestación de servicios básicos y esenciales en las zonas rurales lo tiene que financiar el sistema. Por eso hablamos del coste efectivo de la prestación del servicio”, ha defendido.
Una reforma que deberá pasar por los órganos competentes
Martínez Guijarro también ha explicado que la reforma del sistema de financiación autonómica deberá seguir los cauces institucionales previstos y culminar en los órganos competentes para su aprobación.
En este contexto, ha insistido en que las comunidades autónomas deberían haber participado desde el inicio del debate para trasladar sus planteamientos sobre el futuro modelo de financiación.
“Así deberíamos haber empezado cuando hace muchos años caducó el actual sistema de financiación, convocando a las comunidades autónomas para conocer cuál era el planteamiento de cada una de ellas”, ha señalado.
El vicepresidente primero ha recordado además que cualquier modificación del sistema deberá abordarse posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y el Estado, antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
“Se tiene que tomar en un órgano multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y finalmente aprobarse en el Congreso”, ha concluido.
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