De 861 compromisos, solo 32 siguen sin arrancar: Page encara la recta final con el 96,3% de sus objetivos ya en marcha

Prometer y cumplir no son exactamente lo mismo. Y cuando una legislatura entra en su último año, los anuncios empiezan a poder medirse frente a los hechos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afronta esa recta final con 861 compromisos sometidos a seguimiento público y un último balance oficial, cerrado a 30 de junio de 2026, que sitúa en el 96,3% los que ya habían comenzado a ejecutarse.

No significa que el 96,3% esté terminado. De esos 861 compromisos, 322, el 37,4%, estaban cumplidos al cien por cien; otros 287, el 33,3%, se encontraban en estado avanzado; y 220, el 25,6%, habían comenzado su ejecución. Quedaban 32 sin iniciar. El grado medio de cumplimiento, que pondera el avance de todos ellos, alcanzaba el 71%, frente al 48% de un año antes.

También hay una cautela temporal, ya que esos 32 corresponden a la fotografía de junio. Desde entonces el Ejecutivo ha seguido tramitando medidas incluidas en su hoja de ruta, pero no ha publicado un nuevo balance global que permita actualizar esa cifra a septiembre.

Del empleo a la educación: ritmos diferentes

No todas las áreas avanzan igual. Trabajo y Empleo encabeza el grado de ejecución con un 78%, seguida de Educación y Cultura, con el 76%, y Transparencia y Buen Gobierno, con el 75%. En el otro extremo aparecen Economía, Hacienda y Administración Digital, con un 65%, y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, con un 62%. Pero conviene recordar que esos porcentajes corresponden al cierre del 30 de junio y no incorporan varios avances posteriores.

Detrás de esos porcentajes hay actuaciones concretas. El Gobierno incluye entre sus hitos la Estrategia de Trabajo Autónomo 2026-2030, los 22 millones de euros de la tarifa plana para autónomos y más de 70 millones destinados a empleo juvenil. En educación figuran la gratuidad de la primera matrícula universitaria, actuaciones para reforzar las plantillas y la tramitación de nuevas leyes de Universidades y Formación Profesional. Esta última continúa formalmente como normativa en elaboración.

En Bienestar Social, el balance recoge 121.000 prestaciones de dependencia y 5,5 millones de horas de ayuda a domicilio. En vivienda aparecen los nuevos beneficios fiscales para jóvenes, las deducciones de hasta 500 euros por alquiler o las ayudas ligadas a la primera vivienda. En sanidad, el Ejecutivo contabiliza entre sus avances la OPE de 5.400 plazas y la recuperación de la carrera profesional, aunque el anteproyecto legal necesario para su reactivación definitiva sigue actualmente en tramitación.

Lo que ha avanzado desde junio

La fotografía tampoco se ha quedado congelada desde aquel balance. Y esto es especialmente importante en algunas de las áreas que aparecían con menor grado de ejecución. En Vivienda, Infraestructuras y Transporte, que cerraba junio con un 62%, el Gobierno aprobó en julio el decreto que regula el programa para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda mediante una garantía pública sobre el 20% que habitualmente no financia el banco y ayudas equivalentes a los intereses de esa parte del préstamo.

Además, este mismo 17 de septiembre las Cortes han dado el primer paso parlamentario a otra norma relevante: la proposición de ley para movilizar suelo público, aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible y simplificar trámites urbanísticos. La toma en consideración ha salido adelante con el voto favorable del PSOE y la abstención de PP y Vox.

También se han producido avances después de junio en el bloque económico. En agosto se aprobaron las bases del Bono Crecimiento Pyme y en septiembre se abrió una convocatoria dotada con 9 millones de euros para financiar proyectos de digitalización, sostenibilidad, internacionalización y crecimiento empresarial. Es decir, parte de las actuaciones que hoy ya están activadas todavía no podían aparecer en el corte realizado a mitad de año.

A ello se suma la preparación de las cuentas de 2027. Las Cortes han aprobado este jueves un techo de gasto de 10.019 millones de euros, un 11,3% superior al de 2026, como paso previo a la elaboración de los últimos Presupuestos completos de la legislatura. PP y Vox han votado en contra.

Las leyes que siguen pendientes

Pero todavía queda trabajo que no puede colocarse en la columna de lo terminado. La Ley de Universidades de Castilla-La Mancha continúa oficialmente en elaboración después de haber superado ya las fases de consulta y participación pública, por lo que todavía debe completar su tramitación hasta convertirse definitivamente en ley. Eso no significa que la política universitaria se haya quedado parada: este mismo 16 de septiembre, Page anunció que el nuevo contrato-programa con la UCLM superará los 1.300 millones de euros hasta 2031, un 30% más que el vigente, y que estará cerrado antes de que termine el año. Además, el Consejo de Gobierno aprobará un convenio de más de 100 millones para nuevas infraestructuras universitarias.

Algo parecido sucede con la Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. La norma está bastante avanzada: el proceso participativo concluyó en primavera y la información pública terminó en junio, después de que la propia Consejería situara su tramitación administrativa en la recta final. Sin embargo, el Portal de Transparencia continúa clasificándola como normativa "en elaboración", por lo que todavía no puede contabilizarse como cumplida.

Más delicado es el caso de la Ley de Garantías y Tiempos Máximos en la sanidad, porque no es una promesa nacida en esta legislatura. Page ya comprometió una norma similar en el programa 2019-2023 y su tramitación quedó entonces suspendida. El compromiso reaparece en el programa vigente y el Portal de Compromisos señala actualmente que el Gobierno continúa trabajando en su definición. El presidente situó su aprobación en la última parte de 2026, por lo que todavía está dentro del calendario anunciado para este año, aunque acumula una demora que el PP ha utilizado repetidamente para cargar contra el Ejecutivo.

El calendario del último año estará condicionado por estas leyes, por el despliegue efectivo de las nuevas medidas de vivienda y por los 507 compromisos que a 30 de junio figuraban como iniciados o avanzados, pero no completamente terminados. Esa cifra también necesita una cautela: corresponde al último balance global publicado y no incorpora todos los avances producidos durante el verano y este mes de septiembre. Será el próximo corte oficial el que permita saber cuánto ha crecido realmente aquel 71% antes de entrar de lleno en 2027.