La crisis de acceso a la vivienda ha vuelto a ocupar este viernes el foco del debate público en Sevilla. Bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, junto a organizaciones vecinales, sociales y defensoras de los derechos humanos, ha convocado una manifestación que ha partido a las 19.00 horas desde el Parlamento de Andalucía y ha concluido en la plaza de la Gavidia.
La movilización forma parte de una jornada estatal de protestas que se celebrará simultáneamente en 32 ciudades españolas y que tiene como objetivo denunciar el aumento continuado de los precios de la vivienda, la falta de alquileres asequibles y las dificultades crecientes para acceder a un hogar digno.
Los convocantes consideran que la situación habitacional en Sevilla y en el conjunto de Andalucía ha alcanzado niveles preocupantes. Según han sostenido, la oferta de vivienda disponible resulta insuficiente para responder a la demanda existente, mientras que el encarecimiento de los alquileres y de la compra continúa expulsando a numerosos vecinos de sus barrios.
Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que el problema ya no afecta únicamente a los jóvenes que intentan emanciparse, sino también a familias trabajadoras, personas mayores, migrantes y sectores cada vez más amplios de las clases medias.
Críticas a la Junta y al Ayuntamiento
Uno de los principales ejes de la protesta serán las políticas impulsadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Sevilla, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.
Los organizadores acusan a ambas instituciones de desarrollar una estrategia de vivienda “antisocial”, orientada a favorecer la promoción privada y la compraventa frente a la consolidación de un parque público estable de alquiler asequible.
En este sentido, recuerdan que Andalucía cerró el primer trimestre de 2026 con una subida del precio de la vivienda del 13,3%, por encima de la media nacional. Al mismo tiempo, critican que el Gobierno andaluz siga sin aplicar los mecanismos de limitación de precios previstos en la Ley Estatal de Vivienda para las zonas consideradas tensionadas.
La organización considera además que la política de vivienda protegida desarrollada durante las últimas décadas ha favorecido la progresiva desaparición del parque público. Según denuncian, gran parte de las viviendas construidas con ayudas públicas terminan incorporándose al mercado libre tras periodos relativamente cortos de protección.
Las críticas se dirigen especialmente al decreto aprobado por la Junta que redujo a diez años el periodo mínimo de protección de determinadas viviendas protegidas. A juicio del sindicato, esta medida facilita que inmuebles financiados con recursos públicos acaben convirtiéndose en activos de mercado susceptibles de revalorización y especulación.
También cuestionan algunos proyectos impulsados por la empresa municipal de vivienda en Sevilla. Como ejemplo citan promociones de VPO cuyos precios alcanzan cifras que, según sostienen, resultan inaccesibles para buena parte de la población con necesidades habitacionales.
El impacto del turismo y la presión vecinal
Otro de los asuntos que han estado presentes en la marcha han sido el crecimiento de los apartamentos turísticos y su impacto sobre los barrios tradicionales de la ciudad.
Los convocantes señalan que Sevilla figura entre las ciudades españolas donde el uso turístico de la vivienda tiene una mayor incidencia sobre el mercado residencial. Diversos colectivos vecinales consideran que la proliferación de este tipo de alojamientos reduce la oferta de alquiler de larga duración y contribuye a elevar los precios.
La manifestación contará con la participación de residentes afectados por proyectos turísticos y procesos de transformación urbana en distintas zonas de la capital. Entre ellos se encuentran vecinos de barrios como San Julián, donde una comunidad de propietarios mantiene un conflicto abierto por la instalación de un complejo de apartamentos turísticos en los bajos comerciales de su edificio.
Los organizadores sostienen que estos casos reflejan un problema estructural que está transformando numerosos barrios sevillanos y dificultando la permanencia de sus residentes habituales.
Ante esta situación, las entidades convocantes reclaman un cambio de rumbo en las políticas públicas. Entre sus propuestas figuran la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, el aumento del parque público de vivienda, la promoción de viviendas protegidas destinadas exclusivamente al alquiler y el establecimiento de mecanismos que impidan la especulación con inmuebles financiados con fondos públicos.
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