Los vertidos autorizados por la Junta de Andalucía para verter residuos de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar han vuelto a encontrarse con la oposición de expertos medioambientales y científicos. Tras la reicente publicación de un estudio de investigadores de la Universidad de Sevilla, Cádiz y Granada, la plataforma Salvemos el Guadalquivir, agrupada este martes en la Universidad de Sevilla, ha denunciado que dicha autorización carece totalmente de respaldo ambiental.
Ante ello, el Ayuntamiento de Chipiona y el de Sanlúcar de Barrameda han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tras detectar que existen indicios racionales de un delito contra el medio ambiente por la contaminación de los ríos Agrio, Guadiamar y el Estuario del Guadalquivir. Una denuncia que ha sido respaldada por el resto de representantes allí reunidos y que será respaldada paulatinamente por otros municipios ribeños, aunque no se plantea, por ahora una denuncia conjunta.
La plataforma exigen principalmente dos acciones: una moratoria sobre dichos vertidos y que se organice un comité de expertos independientes para analizar realmente cuál es la trascendencia de dichos vertidos que, desde diferentes sectores socioeconómicos andaluces, diferentes representantes han advertido del peligro que supondría mantener los niveles actuales en el Estuario para, por ejemplo, la pesca o la agricultura.
Actualmente, y desde aproximadamente hace un mes, se ha denunciado que está saliendo drenaje ácido con un pH 2,8 con altas concentraciones de metales (cobre, zinc, aluminio), provenientes de las escombreras de dichas minas y que acaban en el Estuario del Guadalquivir o en zonas protegidas como Doñana.
Mientras que las empresas afirman que los metales se diluyen en el agua, los expertos congregados en la US reiteraron que la realidad no es tal, sino que se adhieren a las partículas, se depositan en los sedimentos del fondo y la marea los empuja río arriba.
La contaminación no solo pone en riesgo la salud sino que miles de puestos de trabajo pueden verse afectados, como puede ser el caso de los sectores marítimos o agrícolas. Respecto al sector de la pesca y el marisqueo, principalmente de zonas como Sanlúcar o Cádiz, denunciaron que si los productos pesqueros acaban contaminándose estos no se podrán comercializar y se destruirán miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Al mismo tiempo, desde el sector agrícola se teme que el agua del Estuario del Guadalquivir ponga en riesgo el consumo o viabilidad de los productos hortícolas de la zona, o el arroz, con la contaminación de sus aguas subterráneas.