La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha hecho hoy un llamamiento a la Junta de Andalucía (APDH) para que “no dé más excusas, asuma sus responsabilidades, cumpla la legalidad” y aborde la grave situación que atraviesa el centro de acogida de menores San Juan de Ávila en Carmona (Sevilla), que casi cuadruplica su capacidad.

La primera voz de alarma sobre el centro de Carmona lo daba el pasado día 17 Comisiones Obreras denunciando la “situación límite” que estaban viviendo los trabajadores y trabajadoras de los centros de acogida de menores de la provincia de Sevilla “como consecuencia de la falta de infraestructuras para hacer frente a la llegada de menores extranjeros no acompañados”.

Faltan camas y duchas

Tanto la alcaldía como el personal del centro advierten de que el local, previsto para la acogida máxima de 25 menores, alberga a 90  -12 españoles y 78 menores extranjeros no acompañados (MENA)-. Describen la situación como caótica, duermen en el suelo en los pasillos y en el salón de usos múltiples, hay insuficiencia de cocinas y comedores, cuatro duchas para todos, personal desbordado y maltratado por sus superiores, al verse sometido a trabajar en circunstancias que les desbordan. En esta situación se prodigan las peleas y también se ha dado algunas fugas, denuncian. Como sustrato de todo esto: falta de medios económicos y que nadie asume responsabilidades.

La asociación considera que la acogida y hospitalidad para con los menores y menores extranjeros no acompañados no es una cuestión de generosidad y que, por tanto, no se puede derivar irresponsablemente a entidades o personas generosas para que sean ellas las que satisfagan las obligaciones que corresponden a la Administración. “Las personas menores de edad, españolas y extranjeras, son sujetos de derechos y es la Administración, en ese caso, la Junta de Andalucía, la obligada legalmente a acogerlas y darles hospitalidad con el máximo respeto a todos los derechos que les asisten”, señalan desde la organización.

El colectivo explica que si importante es el respeto a los menores acogidos, también lo es el respeto a las personas profesionales y a las entidades que asumen la garantía de acogida y hospitalidad, por lo que a juicio de la asociación, un soporte económico sin restricciones y unas condiciones en que pueda realizarse el trabajo con profesionalidad son de absoluta necesidad.

Basta de excusas

“No es momento de excusas sino de asumir responsabilidades. Es tiempo de mirar a los ojos de esos menores que esperan acogida y hospitalidad. Es tiempo de generosidad, pero también tiempo de cumplir una legalidad y sobre todo tiempo de justicia”, exige la organización.

La APDHA Sevilla también se solidariza y apoya a la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, en su llamamiento a la solidaridad, a la calma y a ”no dejarse arrastrar por personas incendiarias”, todo ello desde el convencimiento de que no existe inseguridad en el municipio tras la reciente llegada de un grupo de menores.

En la misma línea, ayer la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamentaba que los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA) de la provincia de Cádiz estuvieran “colapsados y saturados con hasta cuatro o cinco veces más de su capacidad".

Quejas de la Junta

El comunicado de la APDHA no se hace eco de los reproches del Gobierno andaluz a otras comunidades autónomas por su negativa a compartir la carga asistencial que supone atender a los MENA.

Ayer mismo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una entrevista a Europa Press, exigía que haya acuerdo entre todas las comunidades autónomas porque "algunos no pueden seguir mirando a otro lado", sobre todo teniendo en cuenta que la llegada de inmigrantes estaba prevista. Díaz reveló que el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "le comunicó al Gobierno andaluz que este año llegarían a las costas españolas más de 30.000 personas".