La gestión del aparcamiento del Hospital Civil de Málaga ha desatado una nueva oleada de protestas en la capital de la Costa del Sol. El sindicato CSIF lleva advirtiendo con insistencia desde, al menos, marzo, de lo que estaba ocurriendo. Unas protestas que en el día de ayer sumaron los apoyos de los partidos de la oposición, que califican de "privatización encubierta" que un trabjador tenga que destinar 2.300 euros al año por aparcar en su centro de trabajo.
Según la denuncia realizada por el sindicato CSIF, la inmensa mayoría de la plantilla, el 94,57%, carece de siquiera un sistema de bonificación para los trabajadores del complejo hospitalario. Un cupo que se reduce a 163 trabjadores y trabajadoras. Por tanto, la gran mayoría "se ve obligada" a asumir tarifas idénticas a las de los usuarios y visitantes ocasionales para poder estacionar sus vehículos durante sus jornadas laborales.
Esta situación genera un impacto económico inasumible, en palabras de la organización, ya que un profesional con un turno rotatorio básico de 144 horas mensuales debe abonar 195,84 euros al mes si no cuenta con bonificación, frente a los 87,84 euros de la tarifa reducida. En términos anuales, el gasto total estimado para poder acudir a trabajar oscila entre los 1.000 y los más de 2.300 euros, lo que los trabajadores consideran un grave perjuicio económico vinculado obligatoriamente al desempeño de su actividad profesional. Además, llama la atención que este "tarifazo" ha llegado justo después de la celebración de las elecciones autonómicas, deslizan fuentes hospitalarias. Según ha podido saber ElPlural.com, desde la dirección del hospital también se está estudiando negociar la posibilidad de habilitar otros aparcamientos cercanos, como los que incluye la explanada de un parking de una cadena de supermercados que está cerca del complejo sanitario. En cualquier caso, ha sido una medida que, ni siquiera la dirección, conocía con exactitud.
La precariedad de este sistema queda en evidencia al analizar el reparto de las ayudas, dado que, de una plantilla estimada de 3.000 trabajadores, únicamente 163 disponen de plazas bonificadas. Esto se traduce en que apenas un 5,43% del personal tiene acceso a esta ventaja, dejando al 94,57% de los profesionales sin ningún tipo de respaldo económico frente a este gasto.
Más allá del importante desembolso, la plantilla también denuncia las deficientes condiciones del recinto, gestionado por una empresa privada. Los trabajadores critican la escasez de zonas de sombra, que provoca que los vehículos permanezcan a altas temperaturas, y la elevada contaminación lumínica nocturna en un entorno hospitalario donde se atiende a población vulnerable, incluyendo pacientes pediátricos.
A todo ello se añade la falta de alternativas viables de movilidad en el entorno de Miraflores y el Arroyo de los Ángeles. Actualmente, solo tres líneas de la EMT (L7, L15 y N2) dan servicio directo al complejo, una oferta de transporte público que resulta del todo insuficiente para cubrir las necesidades de los sanitarios que se desplazan a diario en distintos turnos desde los municipios del área metropolitana, según CSIF.
El PSOE y Adelante Andalucía exigen la intervención de la Junta
Desde el PSOE de Málaga se han sumado a las reivindicaciones de la plantilla, elevando directamente la responsabilidad al ejecutivo de Moreno Bonilla, concretamente al departamento de Sanidad, que dirige Antonio Sanz. Los socialistas han reclamado a la Administración autonómica que intervenga de manera inmediata para "frenar el tarifazo" impuesto en los aparcamientos del Hospital Civil y del Materno Infantil. Consideran inadmisible que la Junta "mire hacia otro lado" mientras se penaliza económicamente a quienes garantizan el funcionamiento diario de la sanidad pública malagueña.
En este sentido, la formación socialista denuncia que este modelo de gestión supone, en la práctica, "permitir que se haga negocio a costa de una necesidad estructura"l. Para el PSOE, "ni el personal sanitario ni los pacientes y sus familiares pueden ser tratados como clientes cautivos de un servicio privatizado, obligados a asumir costes inasumibles por el simple hecho de acudir a curar o a ser curados en unas instalaciones públicas". Por ello, el partido exige a la Consejería de Sanidad que asuma su responsabilidad y actúe para "revertir" esta situación.
Por su parte, la formación andalucista, Adelante Andalucía, también ha estado presente en la protesta del personal sanitario. El diputado malagueño, Luis Rodrigo, ha escenificado su respaldo a los profesionales afectados y ha calificado de "barbaridad" que se permita a una empresa privada lucrarse mediante tarifas abusivas en el entorno directo de un hospital público.
Rodrigo ha hecho especial hincapié en la "situación especialmente grave" que se vive en las zonas de Miraflores y el Arroyo de los Ángeles, advirtiendo del severo impacto que esto tiene sobre trabajadores, pacientes y familiares que carecen de otras alternativas reales de movilidad. El diputado malagueño, junto al portavoz de la formación en Málaga, Carlos Rojas, han exigido a la Junta una "intervención" inmediata que "garantice un acceso al aparcamiento que sea digno, asequible y acorde con el carácter público del sistema sanitario y las necesidades reales de movilidad de la zona"
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