El sector del taxi andaluz ha alzado su espada contra la Junta de Andalucía y no está dispuesto a envainarla hasta no obtener una reglamentación que ate en corto a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), en los que los taxistas ven una amenaza a su superviviencia.

Tras las protestas, manifestaciones y atascos del tráfico en Sevila, los taxistas han decidido dar un paso más: un paro patronal durante todo el fin de semana, incluyendo este viernes 23 desde las 19 horas. El parón concluiría el lunes a las 7 de la mañana.

Ayer hubo una nueva acción de protesta en Sevilla: una caravana de taxis hizo el recorrido desde el Estadio Olímpico hasta el Parlamento andaluz, donde, con una importante presencia policial, se concentraron con pitos, tambores y petardos, además de lanzar huevos en dirección a la fachada de la Cámara andaluza.

Por boca del presidente de la mayoritaria Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, el sector acusa a la Junta de “no estar negociando” con nadie la regulación de los VTC y de basar sus planteamientos "en mentiras".

Alegan los taxistas, según recoge Europa Press, que ellos son el muro de contención para que “no pase a manos de las multinacionales” lo que ahora consideran que es un “servicio público digno” cuyas tarifas están reguladas por los ayuntamientos y supervisadas por la Junta de Andalucía.

La idea central que dicen defender no es que desaparezcan los VTC, sino que su actuación quede restringida fundamentalmente al transporte interurbano de viajeros y que su cuota de mercado en núcleos urganos guarde lo que ellos denominan una cierta “proporcionalidad”, pues de lo contrario “se cargarían el taxis de las ciudades”.

Los taxistas andaluces apelan a la urgencia de blindar el modo de vida de 10.000 familias, pero desde los VTC vienen a decir lo mismo. El sindicato FeSMC de UGT Andalucía, mayoritario en el sector de los VTC, remitía recientemente una carta al presidente de la Junta para advertirle que unas restricciones desproporcionadas desencadenarían “el mayor ERE de la historia de Andalucía, destruyendo con ello 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de desaparecer una alternativa de movilidad que millones de andaluces y visitantes utilizan de manera habitual y diaria”.

Hablar y no decir nada

Mientras, la consejera autonómica Marifrán Carazo esquiva como puede los golpes de un sector con el que de ningún modo quiere enfrentarse. Sus declaraciones públicas sobre el conflicto ponen tanto cuidado en no decantarse hacia ninguno de los dos bandos que acaban cayendo en la más pura inanidad.

En principio, el reglamento que ultima la Junta contempla, según un comunicado de la Consejería, que los VTC sigan trabajando en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre pero garantizando “su convivencia con los taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano".

Carazo promete también duplicar las inspecciones para garantizar el cumplimiento del decreto, algo que los taxistas consideran inviable en la práctica: "Ni hay efectivos de inspectores, ni a las policías locales le interesa el asunto, ni los ayuntamientos ponen medios".

Transporte digital

Después de que el Gobierno traspasara la patata caliente de las competencias a las CCAA, estas no acaban de encontrar fórmulas que satisfagan a las dos partes. El telón del fondo del conflicto es que la revolución digital ha llegado al transporte para quedarse, lo que abarata sus costes y abre el mercado a fórmulas híbridas hasta hace pocos años vedadas por el mercado, como la tarifa cerrada o el uso compartido.

Acostumbrado a operar en un mercado cautivo, fuertemente regulado y con una fiscalidad anacrónica que para sí quisieran otros contribuyentes, al sector del taxi le está costando acostumbrarse a las exigencias y hábitos de las nuevas generaciones de usuarios.

Pese a ser un oficio duro y con jornadas muchas veces muy superiores a las 40 horas horas semanas, el sector no ha acabado de granjearse la simpatía unánime de los usuarios, que rara vez se han encontrado, por ejemplo, con un taxista que les pregunte si quieren escuchar o no la radio o si prefieren una emisora u otra.

Fortalezas y debilidades

El arma principal de los taxistas para salir lo mejor parados posible en esta guerra contra la modernidad es la unión que hay en el sector, que suele traducirse en una capacidad de movilización y de presión a las instituciones de la que pocos colectivos pueden presumir en unos tiempos de elevado desempleo, precariedad y desprotección de los trabajadores.

Mientras, los VTC cuentan con el favor de los usuarios más jóvenes por sus precios más baratos y sus atenciones al cliente, pero al mismo tiempo adolecen muchas veces de unas condiciones laborales que avergonzarían al sindicalista más templado.

Ciertamente, ni los VTC pueden pretender, como les gustaría a las multinacionales, que el transporte de viajeros se convierta en una jungla, ni tampoco los taxistas pueden aferrarse a reglamentaciones tan rígidas y poco actualizadas como las existentes.

Hoy, el principal competidor del taxi son las plataformas como Uber o Cabify, pero mañana pueden serlo aplicaciones tipo Blablacar que ahora operan en trayectos interurbanos pero que mañana podrían, gracias a los avances de la digitalización, convertirse en un competidor más.

El Gobierno, de espectador

Mientras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) permanece en un discretísimo segundo plano, autoasignándose el papel de “facilitador en la búsqueda de soluciones”.

Así lo ha informado en un comunicado ante al fin del conocido como decreto Ábalos, que vence el próximo mes de octubre y supondrá el fin de las operaciones de los vehículos VTC en el ámbito urbano, y ante las reclamaciones hechas por algunas compañías de VTC.

"Desde el Ministerio se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CCAA y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos", ha explicado en el comunicado

Así, ha manifestado que las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo "suficiente", cuatro años, para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial.

Además, Mitma ha aclarado que con el nuevo marco competencial establecido por el real decreto carece ya de competencias en esta cuestión, lo que "no ha impedido que se hayan impulsado diversas medidas de apoyo al sector tanto como consecuencia del efecto del Covid-19 como de las derivadas del conflicto en Ucrania".