Las organizaciones sindicales y sociales UGT, CCOO, FACUA y Red Vecinal Andaluza han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantizar el acceso a un hogar digno y frenar la especulación inmobiliaria. Así, la propuesta ha planteado una reforma normativa que refuerce el papel de lo público frente a un mercado tensionado que está expulsando a amplias capas de la población.
De hecho, la iniciativa arranca con el objetivo de recoger el número de firmas necesarias para su tramitación en el Parlamento andaluz y aspira a convertirse en un instrumento de presión social en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda pública y el aumento de los desahucios.
Una respuesta social ante el encarecimiento de la vivienda
Las organizaciones mencionadas han coincidido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía andaluza. La subida de precios, especialmente en zonas urbanas y turísticas, ha superado la capacidad económica de muchas familias, jóvenes y trabajadores, generando situaciones de vulnerabilidad y precariedad residencial.
Asimismo, la ILP plantea medidas dirigidas a ampliar el parque público de vivienda, regular el mercado del alquiler y limitar prácticas especulativas. Entre sus objetivos figura garantizar precios asequibles, reforzar la función social de la vivienda y evitar que se convierta en un activo financiero desvinculado de su finalidad básica. Desde los sindicatos y colectivos sociales se subraya que esta iniciativa no surge de forma aislada, sino como respuesta a una demanda creciente en la calle.
Críticas al modelo actual y presión política
Del mismo modo, el impulso de esta ILP se produce en un contexto de fuerte confrontación política en torno a las políticas de vivienda en Andalucía. Distintas formaciones y organizaciones han cuestionado la gestión del Gobierno autonómico, al que acusan de no adoptar medidas eficaces para contener los precios y ampliar la oferta pública.
En este sentido, desde el PSOE de Andalucía han denunciado que la falta de intervención pública ha contribuido a agravar el problema, favoreciendo dinámicas especulativas. Por parte de los socialistas, a principios de este mes registraron una iniciativa con la que, entre otras cosas, solicitaban a la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (PP) que multiplicase de forma sostenida el gasto hasta alcanzar al menos el 1% del Producto Interior Bruto andaluz. Según el texto de la propuesta, el objetivo era que la futura ley reconociese el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible y garantice la calificación permanente de la vivienda protegida, de forma que pase a considerarse un patrimonio social duradero al servicio del interés general.
Al mismo tiempo, el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, hizo también un llamamiento a la movilización ciudadana para garantizar la ratificación del nuevo decreto estatal de vivienda, al tiempo que reivindicaba el papel del Gobierno central frente a lo que considera una política “especulativa” por parte del Ejecutivo andaluz. Igualmente, en una de sus declaraciones, Maíllo dejó constancia de que “hay soluciones, pero la primera condición es que se vaya el PP y el Gobierno de Moreno”, señalando que el Ejecutivo autonómico “representa a los especuladores y a quienes hacen negocio con la vivienda”.
A esta situación tan convulsa se suma el impacto de desahucios de familias vulnerables, como en Manilva, donde el problema principal era que un fondo de inversión se hizo con la titularidad de las viviendas en 2024, dejando a las familias sin opción a pagar el alquiler que estaban asumiendo e imponiéndoles una opción a compra totalmente disparatada para unas viviendas que habían construido ellos mismos.
El problema que se ha originado en Manilva evidencia la vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía andaluza y la desprotección que sufren de los poderes públicos. A diferencia de lo que ocurrió con el barrio de Palmete en Sevilla, donde finalmente el desahucio de un bloque de viviendas se pudo salvar gracias a la colaboración institucional, en este caso los vecinos de la localidad malagueña no han tenido el mismo destino.
En este caso, la ILP de UGT, CCOO, FACUA y Red Vecinal Andaluza busca precisamente influir en ese escenario, introduciendo propuestas concretas que obliguen a posicionarse a los grupos políticos.
Un problema estructural con impacto social
El acceso a la vivienda en Andalucía presenta rasgos estructurales que dificultan su resolución a corto plazo. La escasez de vivienda pública, el incremento de los precios del alquiler y la desigualdad económica configuran un escenario complejo en el que cada vez más personas destinan una parte significativa de sus ingresos a pagar su hogar.
A ello se suma el impacto de la vivienda turística en determinadas ciudades, donde la transformación del uso residencial en alojamiento temporal ha reducido la oferta disponible y ha contribuido a elevar los precios. La situación afecta especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y bajas y colectivos vulnerables, que encuentran dificultades para emanciparse o mantener su vivienda. En este contexto, la ILP se presenta como una herramienta para reequilibrar el sistema y reforzar el papel de la Administración pública.