El nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 presentado por el Gobierno municipal de José Luis Sanz ha desatado nuevas críticas sobre la situación de la atención social en Sevilla. La oposición considera que el documento constituye una declaración de intenciones que reconoce buena parte de las carencias del sistema, pero que no concreta ni el presupuesto, ni las nuevas contrataciones, ni los plazos necesarios para revertir una situación marcada por la sobrecarga de los centros y las largas esperas que soportan miles de familias.
La concejala socialista Encarnación Aguilar ha calificado la iniciativa como un "plan de marketing" que no responde a los problemas estructurales de unos Servicios Sociales que, según denuncia, continúan funcionando con plantillas insuficientes y sin capacidad para ofrecer una atención preventiva.
A juicio de la edil, la ciudad necesita medidas inmediatas para reforzar los equipos y reducir las listas de espera, que en algunos casos alcanzan hasta cinco meses, en lugar de posponer las soluciones hasta el horizonte de 2029.
El propio plan municipal reconoce, según subraya la oposición, problemas como el exceso de burocracia, los retrasos en la atención y un modelo excesivamente orientado a responder únicamente a las emergencias sociales. Sin embargo, consideran que el documento no concreta cómo se resolverán esas deficiencias. "Los Servicios Sociales no necesitan más marketing, más guías ni más presentaciones. Necesitan profesionales suficientes, bajas cubiertas, estabilidad en los equipos y capacidad para atender a las familias sin obligarlas a esperar durante meses", ha señalado Aguilar.
Un déficit de personal que sigue sin resolverse
Uno de los principales reproches se centra en la falta de recursos humanos. La oposición recuerda que Sevilla concentra seis de los diez barrios con menor renta del país y sostiene que los Servicios Sociales municipales siguen funcionando con una dotación insuficiente para responder a esa realidad.
Según los cálculos de las organizaciones sindicales citados por el Grupo Socialista, aún quedarían por cubrir alrededor de 155 plazas para que la ciudad disponga de las plantillas acordes con sus necesidades sociales.
Esta falta de profesionales obliga a los trabajadores, según denuncian, a dedicar la mayor parte de su jornada a gestionar situaciones urgentes relacionadas con ayudas para alimentación, alquiler o suministros básicos, dejando en un segundo plano la intervención preventiva y el acompañamiento continuado a las familias.
Precisamente ese modelo asistencialista es uno de los aspectos que el propio plan estratégico asegura querer superar, aunque la oposición sostiene que difícilmente podrá hacerlo sin incrementar significativamente los recursos disponibles.
Además, cuestiona que el Gobierno municipal presente como un gran avance procesos de estabilización laboral que, en realidad, consisten en consolidar puestos que ya estaban siendo desempeñados por personal interino. Para Aguilar, estabilizar el empleo público es una medida positiva, pero no supone ampliar realmente las plantillas ni incorporar todos los profesionales que siguen faltando en los centros municipales.
Estrés laboral y preocupación por el "equipo retén"
La situación también preocupa por su impacto sobre los trabajadores. Los informes sindicales describen un aumento de las bajas laborales por estrés, una creciente sensación de frustración entre los profesionales y episodios de tensión derivados de la desesperación de usuarios que esperan durante meses para ser atendidos.
Uno de los casos más señalados es el del Polígono Sur, donde, según la denuncia socialista, la dotación de los Servicios Sociales apenas alcanza el 40 % de las necesidades existentes.
En ese contexto, la oposición considera insuficiente que el alcalde agradezca públicamente el trabajo de los profesionales mientras continúan existiendo vacantes sin cubrir y equipos sometidos a una fuerte presión asistencial.
Otro de los aspectos cuestionados es la creación de un denominado "equipo retén", concebido para desplazar técnicos entre distintos centros según las necesidades del momento.
Desde el Grupo Socialista advierten de que este sistema no puede convertirse en una solución permanente a la falta de personal. A su juicio, la movilidad constante dificulta el seguimiento de los expedientes, rompe los vínculos de confianza que los trabajadores establecen con las familias y obliga a los usuarios a repetir una y otra vez situaciones personales especialmente delicadas.
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