Propugnan desde hace tiempo la cancelación definitiva del proyecto 'Marismas' de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio natural de Doñana. La movilización contra este “proyecto bárbaro” dio ayer un paso muy importante al registrarse en la Delegación del Gobierno en Andalucía las 197.000 firmas recogidas por la plataforma Salvemos Doñana en apoyo de su manifiesto alertando de que el parque “se encuentra más amenazado que nunca por una actividad incompatible con su naturaleza y con la actual normativa en vigor”.
Tras 30 años de extracción de gas en el entorno del parque, subraya el texto de la plataforma, “la multinacional Gas Natural Fenosa convertirá el subsuelo de Doñana en un gigantesco almacén permanente de gas si no lo evitamos”.
Todos a una
El acto de entrega de las firmas revistió cierta solemnidad. Además de representantes ecologistas y del líder de Equo Juan López de Uralde, al mismo acudieron los portavoces de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, e Izquierda Unida, Antonio Maíllo, muy combativos en el Parlamento autonómico con este asunto.
En nombre de Salvemos Doñana, su portavoz Juan Romero recordó sus reivindicaciones principales: que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada".
Aunque no participó en el acto de entrega de las firmas, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguraba que la Junta comparte "al cien por cien" el objetivo de la plataforma Salvemos Doñana. "Dentro del espacio natural –enfatizó ante los periodistas– no va a pasar ni un solo metro porque tenemos herramientas para hacerlo".
Las reivindicaciones
Salvemos Doñana sostiene que “las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto Marismas vulneran la legislación europea y han prevalecido las trampas legales para autorizarlo, con el fin de ocultar los verdaderos efectos de esta actuación en Doñana y su entorno”.
Las exigencias incluidas en el documento firmado por casi 200.000 personas son estas: que el Gobierno de la Junta de Andalucía “ponga en marcha de manera urgente y en el marco de sus competencias, las vías legales y jurídicas necesarias para paralizar el proyecto”; que Gobierno central “respete el 'principio de precaución' que se aplica en los países de la Unión Europea y paralice de inmediato la ejecución de este proyecto gasístico cuyos riesgos ambientales globales no están debidamente evaluados”; y que, también el Gobierno central, “impulse el desarrollo sostenible de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos climáticos de París para defender el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía”.
La Junta contraataca
Mientras tanto, ayer el consejero andaluz de Medio Ambiente anunciaba que "ya se está redactando una orden, que voy a firmar, para que el gabinete jurídico inicie las acciones legales pertinentes contra la negativa del Gobierno central a paralizar Marismas Occidental y a evaluar de forma conjunta el proyecto".
La Junta ha tomado esta decisión al no haber obtenido respuesta al requerimiento que hizo al ministerio del ramo el pasado diciembre y en el que se solicitaba que hiciera una evaluación conjunta de los cuatro proyectos y que se paralizara de forma cautelar el de Marismas Occidental. El consejero está convencido de que "casi con total seguridad una evaluación conjunta arrojaría unos resultados muy distintos" a los manejados hasta ahora por el Ejecutivo.