El Gobierno de Moreno Bonilla ha querido destacar, proclamado desde el propio sillón presidencial cada vez que tiene ocasión, por la "moderación" y la "estabilidad". El presidente andaluz está obsesionado con trasladar a los andaluces esa idea de que todo va bien, de que la cotidianeidad se ha adueñado de Andalucía y que no hay nada de lo que preocuparse. Mientras tanto, sindicatos y asociaciones civiles copan las calles de las capitales exigiendo, sobre todo, más impulso a las medidas que favorezcan mayor inversión en servicios públicos, siendo Sanidad, Educación y Dependencia las áreas más demandadas. Tanto, que el propio Moreno, antes del verano de 2024, tuvo que hacer un 'encaje de bolillos' con los https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/nuevo-recorte-educacion-publica-andaluza-junta-moreno-bonilla-echa-cierre-360-aulas-publicas_368531102propios responsables de las consejerías de Educación y Sanidad, desplazando a las anteriores (Patricia del Pozo y Catalina García) para reubicar a Carmen Castillo, consejera de Educación, y Rocío Hernández, a la postre exconsejera de Sanidad tras el escándalo de los cribados de cáncer.
Castillo continúa ocupando el cargo mientras presume de unos presupuestos históricos para la educación andaluza, aunque las críticas tampoco han cesado con el cambio de 'cromos' en la consejería. El presupuesto en Educación de la Junta de Andalucía para el próximo 2026 asciende hasta los 9.339 millones de euros. Esta cantidad, que supone un aumento del 1,87% respecto al año 2025, esconde tras de sí un severo castigo a la educación pública andaluza, que vienen a confirmar una hoja de ruta que comenzó desde la llegada de Moreno Bonilla a la Junta de Andalucía en 2019. Este año, la Junta ha recortado 360 aulas para el nuevo curso escolar (2025-2026) y ha destinado a la educación concertada un 3,5% más que el año anterior. En total, el saldo de Moreno Bonilla al frente de la Administración andaluza respecto a la educación es bastante negativo: 2.758 aulas públicas cerradas y un incremento de hasta 1.101 millones de euros para la educación concertada.
Así lo ha denunciado el sindicato USTEA después de que la Junta de Andalucía publicara en el BOJA el pasado 18 de diciembre el registro de aulas creadas y suprimidas en Andalucía, y tras plasmar en los Presupuestos la cantidad que invertirá para consolidar el sistema concertado en Andalucía. La diferencia es clara. En 2024, mientras que la educación pública perdió un total de 706 aulas de infantil y primaria, según datos del BOJA, en la concertada este número descendió hasta las 24 aulas (20 en infantil y primaria, y 4 en la ESO). Además, el sindicato ha explicado que la excusa de la baja natalidad está sirviendo a la Junta de Andalucía para cerrar aulas, crear aulas mixtas (clases en las que alumnos de distintas edades comparten clase) y continuar apostando por la concertada, en vez de reducir ratios y fomentar una escuela pública acorde a las necesidades de alumnado y profesorado.
Respecto a Educación Infantil (de 3 a 6 años), la Junta de Andalucía ha suprimido 341 clases en toda Andalucía, mientras que ha creado 163, lo que nos deja un saldo neto de 178 líneas suprimidas en el primer nivel educativo. Por otro lado, en cuanto a Educación Primaria, el BOJA recoge una eliminación de 433 aulas, mientras se crean 260, lo que supone un saldo neto de 173 aulas menos en este área.
Por provincias, Cádiz, Sevilla y Málaga son las que pierden más unidades con 92, 95 y 69 respectivamente, denuncia USTEA. Además,todas las provincias andaluzas perderían clases excepto Granada, que gana 8 clases netas, aunque pierde líneas en la capital. Por otro lado, Almería pierde 10 aulas, Córdoba 40, Jaén 39 y Huelva 19. USTEA explica que las aulas creadas totales, sin contar educación especial, son 450 y las suprimidas 810. En el compluto global, el saldo de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía ha supuesto la pérdida de 2.758 clases públicas desde el curso de 2019.
Universidad y FP
En Formación Profesional, el sindicato habla claramente del "avance imparable" de la "privatización" de la Formación Profesional (FP) en Andalucía. La oferta privada ya triplica la pública, con 9.450 plazas frente a 2.588, y desde 2010 ha crecido un 991 %, mientras la pública solo un 51 %, según datos oficiales del Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía. Estas cifras reflejan una apuesta institucional por un modelo educativo mercantilizado, frente al derecho universal a la educación.
La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla y con María del Carmen Castillo al frente de la Consejería de Educación, está "entregando" la FP a empresas privadas y fondos de inversión, que conciben la enseñanza como un negocio. En numerosos centros privados, las matrículas alcanzan entre 4.000 y 9.000 euros por curso, una cantidad "inasumible" para la mayoría de las familias trabajadoras andaluzas. Este modelo excluye al alumnado con menos recursos y profundiza las desigualdades sociales y territoriales, convirtiendo la FP en un espacio elitizado.
Mientras tanto, la FP pública se encuentra en retroceso, con recortes, falta de plazas y abandono de infraestructuras. Más de 30.000 jóvenes andaluces quedaron sin plaza pública en la primera adjudicación de 2024, y en provincias como Sevilla, Cádiz o Málaga, las listas de espera superan las 5.000 personas en algunos ciclos formativos. Se cierran aulas, se eliminan grupos y el profesorado técnico continúa en condiciones precarias, con sobrecarga de trabajo y falta de estabilidad. Bajo la etiqueta de “FP Dual”, la Junta ha cedido la planificación educativa a las empresas, poniendo los intereses privados por encima del derecho a la educación, asegura USTEA.
Asimismo, las universidades públicas andaluzas también están en pie de guerra con la Junta de Andalucía y su consejero, José Carlos Villamandos. Este diciembre estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) organizaron un paro académico a causa de la infrafinanciación de las universidades públicas. Justo el día que comenzaba dicho acto, el portavoz de las diez universidades públicas andaluzas y rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Paco Oliva, emitía un comunicado advirtiendo de las "graves consecuencias" de la Ley de Universidades Públicas (LUPA) que está tramitando el Gobierno de Moreno y en la que se habrían introducido cambios sin consultar con las entidades académicas.
Así, en un contundente comunicado, Oliva explicó que, "tras más de un año desde que las universidades emitieran un informe favorable al borrador inicial, el texto que llega a la Cámara incorpora cambios “sustanciales y no consensuados”, que podrían vulnerar la autonomía universitaria y contravenir la normativa estatal. Así, el propio Oliva reconoció que el borrador aprobado y negociado en 2024 "difiere" del texto que ahora se han vuelto a encontrar las universidades en "aspectos esenciales". Unos cambios que, según el rector de la Olavide, le obligaron a "expresar" su "preocupación ante la Comisión".
Del mismo modo, el 16 de diciembre, apenas unas semanas después, Oliva volvía a la carga con otro comunicado en el que rechazaba los "recortes" de la Junta de Andalucía con el nuevo modelo de financiación por "segundo año consecutivo". Oliva y las universidades, entienden que, primero, el reparto propuesto por la consejería no ha obtenido el voto favorable de las instituciones académicas debido a que una promesa del propio presidente, de aportar una partida de 16 millones de euros, no se habría incluido finalmente en el esquema planteado.
Además, ante el "incumplimiento" del modelo de financiación aprobado por la Administración autonómica en 2023, las universidades recordaron la obligación legal que tiene la Junta de Andalucía de cumplir con lo que aprobó su propio Consejo de Gobierno. Asimismo, denuncian que “el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente”, declaró el portavoz de las universidades.
Por su parte, Paco Oliva manifestó su decepción con el Gobierno andaluz, “que sigue reduciendo la financiación relativa de la educación pública, con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos”.