Andalucía adolecía hasta ahora de dos cauces de participación imprescindibles para una sociedad adulta, moderna y avanzada como la nuestra. El primero, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, un derecho que afortunadamente y tras años de reivindicaciones quedará regulado en la futura Ley de Participación Ciudadana cuya tramitación comenzó ya a principios de noviembre. El segundo, todavía no tiene fecha de tramitación pese a que se trata también de una reivindicación histórica. Me estoy refiriendo a una Ley de Participación Institucional que siente las bases de la participación de los agentes sociales y económicos más representativos en Andalucía en los asuntos públicos, tal y como ya existe en la mayoría de Comunidades Autónomas.

Pero empecemos por el principio. Contar con una norma que regule el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos era ya una necesidad en Andalucía. La participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y en los asuntos públicos es fundamental para que el sistema democrático pueda sostenerse y paliar la desafección hacia la política y la desvalorización de lo público a la que asistimos de manera más acentuada en los últimos tiempos. Era una necesidad imperiosa que UGT Andalucía ha defendido en todas las mesas de negociación para que se materialice en condiciones de igualdad y de manera real y efectiva, ya sea directamente o a través de las entidades en las que se integra la ciudadanía.  Y entre esas entidades estamos los agentes sociales y económicos.

Iniciado ya el cauce de participación ciudadana, Andalucía no puede dejar el camino a medias. Si bien el artículo 9.2 de la Constitución Española asigna a los poderes públicos facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, el artículo 7 de su título preliminar establece que los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.  Es decir, que la Constitución reconoce el papel de los sindicatos como mediadores ante los poderes públicos y privados en defensa de los trabajadores. Ese diálogo social ha sido históricamente, a través de los acuerdos de Concertación, un elemento de vertebración social y económica en Andalucía, un instrumento de creación de empleo y de progreso en nuestra Comunidad. Un vehículo de negociación e intermediación que necesita de una ley que lo regule, que rija la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, dotándolos de un marco legal que les ampare y que les exija también cumplir con su función en la vida social y política de Andalucía. Me estoy refiriendo a una Ley de Participación Institucional.

Desde UGT Andalucía reclamamos que paralelamente o consecutivamente a la Ley de Participación Ciudadana se tramite una Ley de Participación Institucional que siente las bases de la participación de los agentes sociales y económicos en los asuntos públicos en aras de garantizar el ejercicio del derecho a la participación y a aportar un mayor nivel de transparencia, eficacia e independencia. Concebimos la participación social y ciudadana no como una finalidad en sí misma sino como un medio para conseguir una mayor calidad democrática.

El fomento de la participación social y ciudadana es una obligación que el gobierno andaluz debe desarrollar como derecho reconocido en el ordenamiento jurídico pero también resulta absolutamente necesaria la implicación y el trabajo coordinado con los agentes económicos y sociales más representativos para la toma de decisiones públicas.