El 66,67% de los municipios andaluces con más de 50.000 habitantes incumplía a 31 de marzo de 2025 la obligación legal de tener establecida una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). De la veintena de consistorios que no contaban con esta medida obligatoria destinada a mejorar la calidad del aire y mitigar los gases de efecto invernadero, quince están dirigidos por el Partido Popular, formación que acumula el grueso de los expedientes sin resolver en la comunidad autónoma frente al mandato estipulado por la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que fijaba como límite temporal el año 2023.
Así lo constata el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, titulado "Fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de población superior a 50.000 habitantes", que revela que únicamente 10 de los 30 municipios afectados del Sector Público Local Andaluz contaban con una ZBE operativa en la fecha de corte. Esta exigencia normativa surgió como respuesta a compromisos internacionales históricos, como el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015, orientados a reducir las emisiones contaminantes. Su trasposición estatal, concretada en el artículo 14.3 de la citada Ley 7/2021 y desarrollada mediante el Real Decreto 1052/2022, establecía la imperatividad de acotar áreas urbanas restringidas a vehículos contaminantes antes del 1 de enero de 2023.
En base al informe del ente autonómico y fijándonos en el color político de las alcaldías. podemos evidenciar que una importante inacción normativa recae de forma destacada sobre los regidores populares. Entre las localidades que carecían de ZBE a finales de marzo se encuentran importantes focos de población como El Ejido, Roquetas de Mar, Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Granada, Motril, Huelva, Benalmádena, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Utrera; todos ellos bajo el mando del PP. A este listado de infractores se suman Chiclana de la Frontera, San Fernando y Jaén (gobernadas por el PSOE), La Línea de la Concepción (La Línea 100x100) y Sanlúcar de Barrameda (Izquierda Unida).
El ente auditor autonómico advierte, además, de una carencia de políticas medioambientales alternativas en varios de estos grandes municipios. Según detalla el informe, corporaciones como Roquetas de Mar, Cádiz, Jerez de la Frontera, Mijas, Vélez-Málaga y Utrera —la totalidad con alcaldías populares—, junto a La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, no han aplicado ningún "otro tipo de medidas adicionales para la reducción de emisiones contaminantes". Esta circunstancia, combinada con la falta de las propias ZBE y las "limitaciones en los sistemas de seguimiento", dificulta objetivamente evaluar la evolución de la contaminación atmosférica, subraya el documento.
El avance de los trámites burocráticos en los municipios rezagados resulta dispar. A 31 de marzo, solo seis ayuntamientos disponían de un proyecto técnico redactado: Chiclana, Jerez, La Línea, Granada, Motril y Huelva. Otros doce se encontraban en fase de elaboración de los mismos, mientras que en Benalmádena y Utrera, ambos gobernados por el Partido Popular, la Cámara de Cuentas constató que directamente "no se había iniciado dicho procedimiento". Con posterioridad al cierre del análisis, las corporaciones de Cádiz, Jerez, La Línea y San Fernando consiguieron aprobar su normativa. Asimismo, Motril publicó definitivamente su ordenanza el 10 de abril, mientras que el pleno municipal de Sanlúcar de Barrameda rechazó la aprobación inicial de la suya el 22 de septiembre.
Por otro lado, incluso en la minoría de corporaciones que sí han cumplido con el establecimiento de las ZBE (Almería, Córdoba, Linares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla), el órgano fiscalizador ha detectado severas irregularidades procedimentales. De este grupo, ocho localidades cuentan con regidores del PP y dos del PSOE. El ente auditor sostiene, de manera categórica, que "los estudios previos realizados por la totalidad de los ayuntamientos presentan deficiencias en relación con el contenido exigido para el diagnóstico previo y su planificación". A esto se suma el incumplimiento temporal: ninguna corporación respetó el plazo límite fijado para antes de 2023, a excepción de la ciudad de Sevilla, que implantó su área el mismo 1 de enero de dicho año, entonces bajo mandato del PSOE.
Otro de los puntos más críticos del informe incide sobre la comunicación pública y la opacidad en la evaluación de resultados. En materia de sensibilización ciudadana, "los únicos ayuntamientos que cumplieron íntegramente" con los requerimientos previstos en el Real Decreto 1052/2022 fueron los de Almería y Málaga. Además, ninguna de las entidades con la zona ya operativa "había emitido informes formales de evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en su creación".
En el ámbito estrictamente económico y financiero, la mayoría de los consistorios han recurrido de forma sistemática a la externalización mediante contratos privados y a la captación de subvenciones de fondos europeos y estatales. Sin embargo, la Cámara de Cuentas alerta de que "no en todos los casos se dispone de una cuantificación completa del coste total de las actuaciones realizadas". En especial, recrimina que las administraciones omiten contabilizar los recursos humanos y materiales internos empleados por las propias entidades, generando un vacío analítico sobre los recursos públicos invertidos.
A modo de conclusión, la institución andaluza insta a los municipios que no disponen de ZBE a articular los mecanismos necesarios para su implantación inmediata. Paralelamente, recomienda establecer líneas base de valores históricos de los principales contaminantes para posibilitar comparaciones posteriores y exige a las corporaciones justificar técnicamente la idoneidad de las delimitaciones territoriales, dado que en algunos casos "representa una proporción reducida del conjunto del término municipal y de la población total", limitando así el potencial impacto ambiental de la medida.
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