El PSOE-A ha reiterado su ofensiva en materia de vivienda reivindicando las propuestas de María Jesús Montero frente a la gestión del Gobierno andaluz. La portavoz socialista de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez, ha defendido que la secretaria general del partido en Andalucía ofrece “una apuesta sin precedentes por la vivienda pública”, en contraste con lo que ha calificado de “incapacidad” del Ejecutivo de Moreno Bonilla para dar respuesta a los problemas habitacionales de la juventud.

En una comparecencia celebrada este sábado, Pérez ha subrayado que, mientras Montero se ha comprometido a abaratar “un 20% el precio de la vivienda para las y los jóvenes andaluces”, el Gobierno andaluz “no es capaz ni de darles el Bono Alquiler Joven que financia el Gobierno de España”. Según ha denunciado, aún hay beneficiarios que en 2026 no han cobrado ayudas correspondientes a 2022.

Retrasos y “laberinto burocrático”

La dirigente socialista ha señalado que la gestión del Bono Alquiler Joven por parte de la Junta se ha convertido en un “laberinto burocrático”, con “expedientes interminables, un sistema que se cae y resoluciones contradictorias”. A su juicio, esta situación ha generado “desconfianza” entre los potenciales beneficiarios y ha explicado que 3.000 ayudas de las 15.000 convocadas este año permanecen sin solicitar, pese a que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la juventud andaluza.

“En lugar de facilitar que ese dinero llegue a quienes lo necesitan, el Gobierno andaluz se dedica a boicotear estas ayudas a costa de perjudicar a los jóvenes de nuestra tierra”, ha afirmado Verónica Pérez, quien ha recordado que el Ejecutivo central destina más de 34 millones de euros anuales a Andalucía para financiar este programa. Para el PSOE-A, la gestión del bono es un ejemplo de la falta de prioridad que, a su juicio, el Gobierno de Moreno Bonilla otorga a la vivienda. “La juventud andaluza no confía en el presidente de la Junta para encontrar un hogar propio”, ha sostenido la portavoz socialista.

Frente a esta situación, los socialistas sitúan la propuesta de María Jesús Montero como un cambio de rumbo. La líder del PSOE-A ha anunciado su compromiso de construir 100.000 nuevas viviendas públicas en Andalucía y de adelantar el 20% de la entrada a los jóvenes para facilitar el acceso a su primera vivienda.

La medida, según explicó Montero en el foro sobre vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), permitiría que los jóvenes no tuvieran que asumir el desembolso inicial que actualmente dificulta la compra, devolviendo esa cantidad al final de la hipoteca y sin intereses. El objetivo es reducir el coste efectivo de acceso en torno a un 20%. Además, Montero ha anunciado que derogará la actual ley andaluza de vivienda en sus primeros 100 días de gobierno si accede a la Presidencia de la Junta. Según el PSOE-A, el modelo actual del PP “busca la especulación urbanística” y concibe la vivienda como un “negocio”, mientras que la propuesta socialista pretende convertirla en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”.

Modelos contrapuestos

Para los socialistas, la diferencia entre ambos enfoques es estructural. Mientras el Ejecutivo andaluz ha defendido su gestión y ha anunciado promociones de vivienda protegida, el PSOE-A considera que los precios siguen siendo inaccesibles y que las políticas autonómicas no están garantizando el derecho efectivo a la vivienda.

Verónica Pérez ha insistido en que el acceso a un hogar digno se ha convertido en “el principal problema que tienen los jóvenes andaluces” y ha defendido que la respuesta debe estar a la altura de esa emergencia social. “Estamos hablando de jóvenes que no pueden emanciparse, que no pueden planificar su proyecto de vida”, ha afirmado.

En este contexto, el PSOE-A presenta las propuestas de Montero como una alternativa basada en la ampliación del parque público, la movilización de recursos y la intervención decidida de la administración para abaratar precios. Frente a ello, sitúa la gestión de Moreno Bonilla como una política marcada por los retrasos, la falta de ejecución y la ausencia de medidas que incidan de forma directa en el bolsillo de la ciudadanía.

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