El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que se moje ante el “chantaje” de Vox sobre la atención a migrantes

Con la negociación política sobre la mesa tras las últimas elecciones, Vox ha planteado entre sus exigencias que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deje de atender a las personas migrantes en situación administrativa irregular, una propuesta que ha provocado una fuerte reacción desde la oposición y ha reabierto el debate sobre el alcance de los derechos sanitarios.

La vicesecretaria general del PSOE-A y diputada electa, María Márquez, ha exigido este sábado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que aclare públicamente si está dispuesto a asumir esa condición planteada por la formación de extrema derecha. Según la dirigente socialista, el líder del PP andaluz debe explicar “si está dispuesto a cambiar derechos humanos por su sillón” para garantizar la estabilidad de su futuro Gobierno.

Las declaraciones llegan después de que Vox haya endurecido su discurso en materia migratoria y haya puesto sobre la mesa medidas vinculadas al acceso a los servicios públicos. Entre ellas figura la restricción de la asistencia sanitaria a personas sin autorización administrativa de residencia, una propuesta que ha sido calificada por el PSOE-A como una “barbaridad” y un ataque a los principios básicos del sistema público de salud.

El debate sobre la universalidad de la sanidad

Igualmente, María Márquez ha cuestionado las consecuencias prácticas de una eventual aplicación de esta medida. La dirigente socialista ha planteado si el Ejecutivo andaluz estaría dispuesto a trasladar a los profesionales sanitarios la responsabilidad de decidir quién recibe atención médica en función de su situación administrativa. “¿Le va a pedir a los médicos que cuando una persona con la cabeza abierta o con un infarto llegue a un hospital de manera urgente le diga que en función de su piel o sus papeles no va a ser atendido?”, ha señalado.

Desde el PSOE-A sostienen que una decisión de este tipo supondría poner en cuestión el principio de universalidad que ha caracterizado históricamente al sistema sanitario público. Además, consideran que abriría un debate ético y jurídico sobre el acceso a derechos fundamentales y sobre la obligación de los servicios de emergencia de atender a cualquier persona que requiera asistencia médica urgente.

La formación socialista ha advertido que no aceptará retrocesos en esta materia y ha defendido que la sanidad pública debe seguir garantizando la atención a todas las personas con independencia de su origen o situación administrativa.

Acusan a Moreno de guardar silencio

Los socialistas vinculan esta situación a la nueva aritmética parlamentaria surgida tras las elecciones en las que el PP perdió la mayoría absoluta, situación que podría derivar en incremento de la capacidad de influencia de Vox en la configuración de las futuras políticas autonómicas.

La dirigente socialista ha acusado a Moreno Bonilla de evitar pronunciarse sobre las exigencias planteadas por la formación de extrema derecha y de mantenerse en silencio mientras se suceden los mensajes públicos de Vox. “Como no descuelga el teléfono, ya está la extrema derecha comunicándose con el Partido Popular y con Moreno Bonilla a través de los medios de comunicación”, ha ironizado Márquez.

La propuesta de restringir la atención sanitaria a migrantes en situación irregular se ha convertido así en uno de los primeros grandes puntos de fricción política del nuevo ciclo. Mientras Vox defiende endurecer las políticas migratorias, el PSOE-A insiste en que los derechos sanitarios no pueden formar parte de una negociación política.

La respuesta definitiva de Moreno Bonilla a estas exigencias podría convertirse en una de las claves de la nueva legislatura andaluza y marcar el tono de las futuras relaciones entre el PP y Vox en el Parlamento autonómico.