El Primero de Mayo no es una simple fecha en el calendario, es el día en que la clase trabajadora hace balance de sus conquistas y de las reivindicaciones que quedan por conseguir. Este año, sin embargo, la efeméride adquiere una relevancia excepcional en nuestra tierra. El Día Internacional de los Trabajadores se integra en el inicio de una campaña electoral trascendente para el futuro de Andalucía. No solo salimos a la calle a reivindicar derechos laborales; salimos a decidir qué modelo de sociedad queremos construir y qué tipo de gobierno debe gestionar nuestra realidad cotidiana.
Los sindicatos llevan tiempo situando en el primer plano una realidad incómoda que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía parece querer ignorar: tener un empleo ya no garantiza una vida digna. Hemos entrado en una era de "trabajadores pobres", donde la pérdida de poder adquisitivo se ha vuelto estructural. No se trata únicamente de una cuestión de tablas salariales; se trata del conjunto de condiciones materiales que determinan si una familia llega a fin de mes o si vive en una angustia permanente.
En este análisis, la vivienda se ha consolidado como el principal factor de asfixia. El incremento sostenido de los precios del alquiler ha desbordado la capacidad de resistencia de miles de hogares andaluces. Hoy, una parte desproporcionada del salario se destina exclusivamente a mantener un techo, neutralizando cualquier incremento salarial que se haya podido conseguir en los convenios colectivos.
El pasado martes, en el Congreso, asistimos a una votación esperpéntica, pudimos comprobar como el Partido Popular votó en contra del decreto de prórroga de los alquileres escenificando cuáles son sus prioridades. El objetivo de esa medida era básico: evitar grandes subidas y proporcionar estabilidad temporal a los inquilinos en un mercado gravemente tensionado.
Al votar en contra, el PP ha dejado desprotegidas a quienes se encuentran en una situación límite. En Andalucía, las cifras son desgarradoras: se estima que más de 360.000 personas se verán directamente afectadas por la caída de esta prórroga y que la derecha ha decidido abandonar a su suerte. No son números en una estadística; son familias que hoy se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán pagar su hogar el mes que viene.
A la presión de la vivienda se suma el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos. En Andalucía, estamos presenciando un proceso privatizador de la sanidad y la educación que no es anecdótico, sino estructural. Las listas de espera insoportables, la saturación de la atención primaria y las dificultades para acceder a especialistas son el resultado de un modelo que busca incentivar el sector privado a costa de debilitar lo público.
Al mismo tiempo, observamos un aumento del peso del sector privado. La derivación masiva de recursos y la externalización de servicios construyen un escenario donde lo público pierde presencia mientras los grandes grupos sanitarios y educativos aumentan sus beneficios. Esto tiene una consecuencia económica directa para las familias: los salarios ahora deben cubrir gastos que antes estaban garantizados por el sistema público, como seguros médicos privados o refuerzos educativos. Es, en la práctica, una reducción indirecta del salario real.
El momento electoral andaluz obliga a evaluar estas dinámicas desde la responsabilidad política. Las decisiones sobre la regulación de los alquileres o la financiación de la sanidad no son solo debates en el marco de un parlamento; constituyen realidades que se traducen en indicadores concretos: la imposibilidad de nuestros jóvenes para emanciparse o el retraso en un diagnóstico médico.
Sinceramente, nunca he prestado atención a las encuestas, presto atención al trabajo continuado y al esfuerzo de muchos compañeros repartidos por la geografía andaluza trabajando para hacerles la vida mejor a sus conciudadanos, Las encuestas dicen que en Andalucía puede volver a ganar la derecha. Y conviene preguntarse una cosa sencilla: ¿para qué?
¿Para seguir viendo cómo sube el alquiler mientras miles de jóvenes y familias no pueden emanciparse ni llegar a fin de mes? ¿Para normalizar que tener una vivienda digna sea un privilegio y no un derecho?
¿Para aceptar recortes en la sanidad pública mientras se derivan recursos a lo privado? ¿Para asumir listas de espera interminables, centros de salud saturados y noticias tan graves como pacientes con cáncer sin avisar a tiempo? ¿Para que nuestros hijos e hijas no puedan ir a la universidad pública?
Andalucía es una tierra trabajadora, orgullosa, con talento y con fuerza suficiente para aspirar a mucho más. No merece conformarse con gobiernos que gestionan titulares mientras empeoran la vida cotidiana de la mayoría.
Porque la política no va de propaganda. Va de si puedes pagar el alquiler. Va de si te atienden en plazo. Va de si tus hijos tendrán oportunidades. Va de si tus mayores reciben cuidados dignos.
Cada elección es una decisión colectiva: avanzar o retroceder, proteger lo común o abandonarlo, exigir más o acostumbrarse a menos. Que decidan las urnas, sí, pero con los ojos abiertos y la cartera cerrada. Porque cuando gobiernan para unos pocos, pagamos todos.
Por eso, la pregunta no es quién va primero en una encuesta. La pregunta es otra: ¿de verdad las y los andaluces van a dejar que pase esto?
Carmen Castilla Álvarez, diputada por Sevilla y presidenta de la Comisión de Interior del Congreso.