La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para José Guerrero Huesca, secretario general de la Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía (CECA), por un delito de insolvencia punible derivado de actuaciones para evitar el pago de salarios e indemnizaciones a empleados de una empresa de la que era socio.

Otras cuatro personas
La petición de la Fiscalía de Huelva, recogida en el escrito de acusación se extiende además a otras cuatro personas, entre ellas ea administrador único de la entidad Autorecambios del Condado, M.F.L., así como a varios accionistas, todos con vínculos familiares.

Más peticiones del fiscal
A la pena de cárcel suma el fiscal la petición inhabilitación especial para la actuación como administrador de sociedades mercantiles durante el tiempo de la condena y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Indenización para los trabajadores
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía pide para los acusados que indemnicen a los perjudicados -un total de 12 trabajadores- con 411.902 euros.

Probado
El fiscal considera probado que el administrador de la empresa M.F.L., conociendo que adeudaba a los trabajadores salarios e indemnizaciones por despidos realizados en septiembre de 2002, se puso de acuerdo con el resto de acusados, entre ellos Guerrero Huesca, y urdieron un plan para evitar el cumplimiento de aquella obligación, y para que el único inmueble de titularidad de la entidad, pudiera responder a las deudas contraídas.

Transmitieron el único inmueble de la sociedad
Para ello, una vez conocieron la sentencia del juzgado de lo Social que condenaba a la sociedad a abonar 411.902,54 euros en concepto de indemnización a los trabajadores por despido improcedente, acordaron transmitir el único bien inmueble que constituía el patrimonio de la misma, una nave industrial.

Para el socio de su cuñado
El administrador único de la entidad propietaria traspasó el inmueble a Guerrero Huesca, socio de su cuñado en una entidad de gestión urbanística, que instrumentalizan como una compraventa de finca urbana por 300.000 euros, un precio 180.000 euros inferior al valor de tasación.