Fuentes del caso han informado de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación por ser incluida en el 'ERE' de su empresa pese a que siguió trabajando y por haber consentido la inclusión de dos intrusos.

Su declaración a la Guardia Civil
La empresaria se ha remitido a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló en ACYCO y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa. Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley.

Niega la acusación de la juez
Poto también niega la acusación de la juez de haber destinado 109.000 euros recibidos de la Junta a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según su defensa.