Según ha expresado Marcos, se trata de la primera vez que Greenpeace observa un acuerdo de este tipo "en papel" que se da, según se refiere, a cinco días de las elecciones generales. Así, la responsable de Costas de la organización ha resaltado el trabajo desarrollado durante los dos últimos meses desde que a principios de septiembre los activistas instalaran una "oficina temporal" en el propio hotel para exigir su demolición, al entender que el mismo el "ilegal".

Hace seis años
Marcos señala a través de un artículo que el protocolo suscrito entre la Junta y el MARM se ha dado dos meses después de que se iniciaran de nuevo las acciones por parte de Greenpeace, si bien ha señalado que los movimientos a favor de la eliminación del hotel se iniciaron hace seis años, tiempo en el que se ha engrosado una "madeja judicial y política".

Varios avances
Así, resume que durante los últimos 60 días se han producido varios avances en este sentido, ya que el Tribunal Supremo ratificó a finales de septiembre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que determinó la suspensión cautelar parcial del último Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar al considerar que éste deja la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol, con lo que rechazó el recurso de la Junta de Andalucía, que pedía que se levantara la suspensión cautelar parcial del PORN.

Nula de pleno derecho la licencia municipal
A juicio de Greenpeace, el Gobierno andaluz tendría que "retirarse inmediatamente de todos los pleitos" a tenor de esta resolución. En este sentido, también inciden en el auto de una juez de lo Contencioso-administrativo de Almería que rechazó ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol al considerar que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento.

Tiene el aval
"No es que rechazara esta petición, claramente dice que quien tenga dinero para depositar una fianza hasta que se sentencie si esa licencia de obras es ilegal puede pedir la ejecución provisional", interpreta Marcos quien defiende que concretamente en el pleito referido a la licencia de obras que dirime el TSJA la Junta "podría pedir inmediatamente la ejecución provisional de la sentencia" ya que "tiene el aval para, en caso improbable de que la licencia de obras fuese legal, se indemnizase a la promotora".