Los pactos del Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón -y próximamente en Castilla y León- llegan en un momento clave con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y un Juanma Moreno Bonilla quien, en caso de no lograr la mayoría absoluta, podría verse en problemas.
La ultraderecha quiere que la calificada como “prioridad nacional”; ese discurso de los “españoles primero” con el que han tenido que tragar los ‘populares’ sea extensible a cualquier territorio en el que los de Alberto Núñez Feijóo necesiten sus votos, ya sea para gobernar o para aprobar presupuestos.
Vox ha hecho de la migración la punta de lanza de su hoja de ruta, que pasa por dos puntos: “prioridad nacional” y “desregulación”. En Génova asumen que la incorporación de ese principio en los textos fue una cesión semántica a Vox, pero defienden que no implica una discriminación por nacionalidad en el acceso a ayudas o prestaciones sociales, que solo se tendrá en cuenta por criterios con arraigo o la vinculación económica y no por el lugar de nacimiento.
Sin embargo, el responsable de Bambú ha aprovechado la incorporación de este criterio en los acuerdos territoriales con el PP para elevarlo a nivel nacional con el “españoles primero”, una interpretación que ellos hacen de la controvertida expresión, que ha provocado mucho enfado a nivel político entre la izquierda y a nivel social.
Valencia, ¿laboratorio de pruebas?
Al margen de Andalucía, el siguiente punto caliente se encuentra en la Comunidad Valenciana, donde Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat desde hace meses tras la dimisión de Carlos Mazón, debe sacar adelanto los presupuestos en una región en la que no caben más polémicas. Habrá que ver en qué línea van las cuentas. Cabe recordar que el último acuerdo alcanzado por Mazón fue un reguero de cesiones a Vox entre los que se encontraban medidas contrarias al reconocimiento del cambio climático y la lucha contra él.
El calendario valenciano es ajustado y la Generalitat necesita disponer de las cuentas antes del verano. Ir más allá sería entrar en una negociación de presupuestos para 2027, a pocos meses de las elecciones generales de mayo. Sea como fuere, el mensaje es claro para Moreno Bonilla: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
La intención de Vox parece clara, y pasaría por demostrar hasta qué punto son influyentes. Es algo que está claro a tenor de las últimas veces que los ciudadanos han acudido a las urnas en sus respectivas autonomías, pero con el nuevo concepto están demostrando poder elevar aún más el tono y que el PP esté obligado a ceder.
El 8 de mayo podría ser una fecha interesante para los de Abascal en lo que respecta al asunto valenciano, teniendo en cuenta precisamente la proximidad de las elecciones andaluzas, donde el presidente de la Junta disfruta de mayoría absoluta. Perderla y tenerla que pactar con Vox sería seguramente el triunfo más importante de la ultraderecha en los últimos meses.
Palabras mayores
La “prioridad nacional” es la última cuestión que Vox quiere ver aceptar al PP a todos los niveles. A diferencia de los pactos de investidura, que no dejan de ser de intenciones políticas, introducir en una ley de presupuestos la cuestión “nacional” son palabras mayores, ya que se toparía con la legalidad vigente.
Pérez Llorca ha empezado a hablar más de “arraigo” en sus últimos discursos y ha tratado de hacer un análisis, lo mismo que le propio Feijóo, con otras ayudas que se reservan para personas que están empadronadas o residen en la Comunidad Valenciana, como la que aprobó el Botànic con el gobierno de Ximo Puig para los deportistas de élite.
En este sentido, en Génova sostienen que el ‘arraigo’ “ya existe como criterio de baremación en varias comunidades autónomas” y apoyan cualquier acuerdo territorial o presupuestario con Vox que respete lo ya acordado con Guardiola o Azcón.
Sin embargo, no obedece a una cuestión de arraigo, sino de privar a mucha gente que lo necesita de oportunidades y ayudas. Entre los puntos más concretos de la discusión se encuentra, por ejemplo, el de la renta valenciana de inclusión, en cuya ley Vox ya forzó ampliar el tiempo de empadronamiento de doce a quince meses para poder cobrarla. O el de las ayudas a la vivienda.
Creo que cuando un alcalde saca una promoción de vivienda tiene que haber arraigo y tener prioridad o puntuar más quien más lleva en el pueblo. Y no creo que eso sea racista. Alguien quiere generar un debate que en la realidad no existe, es un debate estéril”, mantuvo Llorca entonces.
Sin embargo, el debate existe y las intenciones de la extrema derecha, con el beneplácito de los conservadores, están muy claras. Falta esperar hasta qué punto se cumplen y, sobre todo, dónde. ¿Será Andalucía el próximo destino en el Vox imponga su tesis? Y, sobre todo, ¿cómo abordará el escenario actual Moreno Bonilla a menos de un mes de las elecciones?