La Frontera Sur que conecta el norte de África con Andalucía, Levante y Canarias es un corredor de la muerte para miles de personas. La presentación del informe del informe ’35 años de vidas sin rastro’ de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) saca a flote la magnitud de una tragedia que, “con cifras a la baja”, dejan un saldo de 14.109 personas fallecidas cuando buscaban una vida mejor.

La celebración del Día Internacional de la Erradicación de la Discriminación Racial sirve a la APDHA, la principal entidad que monitorea el tránsito humano en la frontera sur, para publicar los datos de su trabajo de campo. “Cada vez vamos a peor”, revela Diego Boza, coordinador general. Más del 40% de las muertes se han producido en los tres últimos años, siendo 2021 y 2022 los años más letales.  

Al menos 5.744 personas murieron o desaparecieron en el último trienio, y “eso son datos muy conservadores. Solo registramos a aquellas víctimas que tenemos documentadas, pero por cada muerte registrada y confirmada hay otras tres personas de las que no sabemos nada”, explica Boza.

Las cifras son aplastantes, 2022 cerró con 1.901 desapariciones o muertes, “cada día han perdido la vida más de cinco personas tratando de entrar en territorio español desde África”. El tiempo pasa y cuenta, según la APDHA, cada cuatro horas y media una persona muere o desaparece tratando de llegar a costas españolas.

Estos informes revelan la inseguridad en la Frontera Sur desde hace 20 años, pero este año la situación es más grave: “Estas cifras no son casualidad, sino causalidad de nuestras políticas migratorias”. Las políticas migratorias de control y represión de las costas andaluzas y levantinas están abocando a los migrantes a optar por la ruta canaria, más peligrosa por la distancia y porque exponer a las embarcaciones al mar abierto.

“A más ruta canaria, más muertes”, sentencian tras el análisis estadístico de los datos recabados.  La política migratoria que gestiona la frontera mediante “militarización y persecución de los migrantes, como si algún delito se hubiera cometido”, es la que estaría provocando que, a pesar del paso del tiempo, las muertes vayan a más.

El análisis de los casos detalla incluso los motivos de muerte en las embarcaciones, desde la inanición por falta de alimento o agua potable, a hipotermias, aspiración tóxica, quemaduras producidas por la mezcla de agua salada y gasolina o las caídas al mar provocadas por exceso de viajeros a bordo de precarias embarcaciones.

“Racismo institucional”

A la luz de las cifras, cabe preguntarse si estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar este drama. La criminalización de los flujos migratorios es una de las caras del “racismo institucional” que denuncia la entidad andaluza que, a pesar de haber solicitado información y ayuda al Defensor del Pueblo, no han obtenido respuesta alguna.

La gestión migratoria europea viene apoyándose en la externalización en países sin garantías democráticas, con acuerdos con países como Marruecos, Argelia o Libia. Marruecos, viene recibiendo desde 2019 millonarios fondos europeos. El último encuentro bilateral hispano marroquí de febrero sirvió para sellar partidas para el 'Apoyo a la gestión integral de fronteras y la migración en Marruecos'. Esto implica una partida de más de 30 millones de euros para cofinanciar a la policía fronteriza marroquí.

Desde Interior exponen que esta cooperación permitió reducir un 25% las llegadas irregulares en 2022. Sin embargo, los datos de la APDHA no ofrecen una lectura tan positiva y exigen trabajar el fenómeno migratorio desde “perspectivas humanas, y no meramente represivas y policiales”.

El informe saca a relucir episodios especialmente dolorosos, como el sucedido en la frontera de Melilla el 24 de junio. Los datos que barajan los técnicos de la entidad cifran en 73 muertes, 322 heridos y 77 desapariciones.

“La tibieza política respecto a la vergonzosa tragedia de Melilla nos dice que no todas las vidas valen lo mismo los derechos humanos solamente aplica a los que se parecen a nosotros”, lamenta Ana Rosado, una de las responsables del informe. 

Las atroces imágenes de Melilla y la gestión que se hizo del episodio continúan provocando rechazo social, recientemente el informe del Defensor del Pueblo revela las deficiencias en materia de seguridad, pero también de garantías administrativas, instando al Gobierno a que “sin más demora y por disposición reglamentaria” regule las devoluciones fronterizas.

El informe de la institución de Ángel Gabilondo señala las devoluciones en caliente de 470 migrantes en aquel episodio y el hecho de que la reacción policial no permita “detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad”.

A pesar de la alarma que provocan las imágenes de Melilla y las solicitud de más medidas de seguridad esgrimida por partidos políticos como Vox, los datos revelan que solo un 4% de la migración irregular entra por la frontera Sur.

Sellados por el dolor a través de generaciones

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, los principales países emisores de inmigrantes son Marruecos, Senegal, Argelia y Nigeria. En ellos quedan las familias del migrante, a menudo esperando noticias, con el silencio y la distancia como única respuesta, sin tener confirmación de si su familiar llegó al sueño europeo, si murió ahogado… nada.

Este aspecto que, a menudo, queda relegado a un segundo plano por el impacto de la tragedia migratoria, es abordado en el nuevo informe. Las familias y cómo gestionan la pérdida de aquellos que se fueron y de los que nunca se supo. “Las familias en origen tienen que convivir con una opacidad y una invisibilidad dolorosa todo el proceso”, apunta Rosado .

La APDHA trabaja para proponer la creación de un organismo único y específico que pueda informar para evitar silencios y poner soluciones. La propuesta pone el foco no solo en los desaparecidos, sino en sus familias y en las consecuencias emocionales, pero también administrativas y jurídicas.

Remediar, al fin y al cabo, el hecho de que en Andalucía haya cientos de lápidas sin nombre en los que solo puede leerse “cadáver sin identificar" o “inmigrante". La APDHA conecta con las obligaciones constitucionales para exigir a las autoridades un trato humano para los cadáveres no identificados. Por otro lado, definen como “muro burocrático” todas las exigencias que tienen que asumir los familiares para recuperar el cadáver o visitar la tumba en España.

“Para ellos, es un doble duelo no poder celebrar un ritual de despedida”, apunta Boza. Básicamente, el silencio y la burocratización del duelo de los inmigrantes obliga a los propios familiares a “tener que asesinar a los suyos para poder despedirlos”.