Las huellas del temporal aún son visibles en las calles, carreteras y algunos barrios de Andalucía, pero en los pasillos del Parlamento autonómico la tormenta va por otro camino. En menos de una semana, el relato de consenso y unidad que el Gobierno andaluz proyecta ante las cámaras ha chocado frontalmente con las decisiones parlamentarias. Mientras que Moreno Bonilla anuncia su Plan Actúa y demanda del Gobierno central "más medios", aunque ya haya destinado una partida de 7.000 millones de euros y parte de estas ayudas ya puedan comenzar a solicitarse, por los exasperantes plazos de la administración autonómica, en la Cámara andaluza, hasta en dos ocasiones el Partido Popular ha negado las iniciativas de reconstrucción planteadas por la oposición socialista.

El primer capítulo de esta negativa se vivió el jueves 19 de febrero. El escenario fue la comisión de Desarrollo Educativo en el Parlamento andaluz. Tras el azote del temporal, el PSOE-A llevó a la mesa una propuesta clara: la necesidad de impulsar un plan urgente de inspección y planificación. Los socialistas pedían una auditoría integral que aprovechara los datos de los recientes estragos meteorológicos para identificar los centros educativos más vulnerables, priorizar intervenciones y coordinar a los distintos actores.

Sin embargo, la mayoría popular rechazó casi la totalidad de la iniciativa. De todo el texto, el PP apenas permitió que saliera adelante un único y escueto punto: pedir a la Junta que abra un canal de participación y comunicación con la comunidad educativa y los ayuntamientos para detectar incidencias tempranas.

La soledad del Gobierno en su negativa fue tal que hasta el diputado de Vox, Antonio Sevilla, decidió apoyar la propuesta socialista. Para el diputado ultra, el texto reconocía "un problema real" frente a la vulnerabilidad de los colegios ante fenómenos extremos, y dejó un recado directo a la bancada popular, advirtiendo que "no basta con invertir en grandes titulares".

Lejos de reconducir la situación hacia el entendimiento, el segundo portazo institucional llegó apenas siete días después, el 26 de febrero, esta vez en el Pleno del Parlamento.

La diputada socialista Irene García tomó la palabra para elevar la apuesta por el consenso y solicitar la creación de un grupo de trabajo específico para la "reconstrucción" de Andalucía. La idea era clara: examinar los mecanismos de coordinación interadministrativa que se habían activado durante las emergencias y proponer mejoras normativas y operativas para garantizar mayor agilidad y transparencia en futuras crisis. Todo ello bajo el paraguas de un "Pacto Andaluz por la Reconstrucción", cuyo grupo de trabajo debía constituirse formalmente en un plazo máximo de siete días.

El PSOE, que abogó por un "exceso de protección antes que poner en peligro a los ciudadanos", calificó de "insuficientes" los 1.780 millones de euros anunciados por el Gobierno andaluz como dotación del Plan Andalucía Actúa.

La respuesta de los de Moreno Bonilla volvió a ser un rotundo "no". El Parlamento rechazó la creación de este grupo para la reconstrucción, consumando la segunda negativa en una semana. Así, esta semana el doble perfil de Moreno Bonilla ha quedado más que evidenciado. Mientras que en las comparecencias institucionales apela a la unidad, en las votaciones en la Cámara niega el ofrecimiento socialista para reconstruir la comunidad tras la tormenta, que sigue encontrando un muro infranqueable.