El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha defendido los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y un juez de Sevilla por un posible caso de prevaricación. Este artículo ha sido una de los más leídos esta semana en ElPlural.com.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, avala los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que está investigando un juez de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de prevaricación.

Así las cosas, si bien el jefe del Ejecutivo andaluz evita “poner la mano en el fuego” por los tres altos cargos imputados, reconoce que pudo haber algún “reproche administrativo” en el cierre de los acuerdos y los defiende emitiendo que preguntó por su legalidad a unos “conocidos que son magistrados, que ya están en otro ámbito y lo han visto”. “No han visto nada que vaya hacia un reproche penal, pudiera haber como mucho un reproche administrativo”, indicaba el pasado miércoles en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Por la causa, que parte de una querella del PSOE, está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, que tendrán que comparecer en los juzgados para explicar la manera en la que se llevó a cabo la adjudicación por el conocido como procedimiento a dedo de más de 243 millones de euros a clínicas privadas, a través de contratos de emergencia firmados entre 2020 y 2024.

Por el origen de la denuncia, el responsable de la comunidad autónoma andaluza considera que se trata de una “denuncia política”. Con ello, Moreno Bonilla considera que “no se trata de poner la mano en el fuego”, sino de “esclarecer los hechos”; y estos, considera “son sencillos”. “Partimos de una denuncia política (…) El PSOE ha decidido hacer una querella contra el Gobierno, una querella que nosotros no vemos”.

"Reproche administrativo"

El líder de la Junta echaba balones fuera incidiendo en la idea de que pudo existir un “reproche administrativo” en la concesión de los contratos, que se encontraban amparados en el marco excepcional habilitado por Moncloa en lo peor del Covid, cuando el estado de alarma ya estaba derogado. En estas, el responsable del PP a nivel regional emplaza que “tendría que haber” ese reproche “en el conjunto del sistema a lo largo de todos los años, también cuando lo practicaba el PSOE, y también en el conjunto del sistema de España”.

Para su planteamiento, Moreno Bonilla se respalda en los dos informes jurídicos que solicitó expresamente el SAS para defender la prórroga de los contratos mencionados hasta el verano de 2023 porque “era un momento de urgencia”.

“La sanidad es compleja, cuando te falta un material sanitario no puedes hacer esperar, tienes que hacer contratos de emergencia”, señalaba; antes de cargar nuevamente contra los socialistas: “Dicen que se usó más allá de lo necesario… Hasta donde yo conozco hay un respaldo jurídico por parte de los letrados del gobierno, por tanto tienen ese respaldo, esos contratos son óptimos”.

Con las cartas que hay actualmente sobre la mesa, el dirigente popular está convencido de que la causa judicial que actualmente está abierta va a quedar en nada. Asimismo, tampoco ha valorado la posibilidad de que el juez que instruye el caso y la Fiscalía Anticorrupción terminen imputando a los dos superiores de los gerentes de la sanidad pública andaluza; a saber, los exconsejeros de Salud que estaban en el puesto cuando se otorgaron los contratos que ahora analiza la Justicia: Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento andaluz) y Catalina García (antigua responsable de Salud, destituida el verano pasado, y ahora consejera de Medio ambiente).

A pesar del oscurantismo que existe en su equipo, Moreno Bonilla defiende que es el “primer partidario de que, cuando hay cualquier tipo de sensación de oscuridad, que las cosas se aclaren”. “Y la mejor manera es a través de los propios tribunales (…) No tengo ningún miedo, entre todos tendremos una administración lo más transparente posible”, cerraba.

Caso ERE

En la misma conversación, el presidente de la Junta se pronunciaba sobre el caso ERE y las recientes sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que anulan parcialmente y rehacen los fallos que condenaron a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a parte de la cúpula de sus gobiernos.

“Yo tiendo a creer en el trabajo que ejercieron centenares funcionarios públicos durante una década, policía judicial, magistrados, etc… dedicaron muchos años y lo mejor de sí mismos a una sentencia, y eso ahora se ha revisado”, expresaba, para defender después que en el caso ERE “hubo irregularidades contables” y que “las cosas no se hicieron bien”. “Hubo responsables políticos. Eso está ahí y lo sabe la ciudadanía”.

Alvise Pérez

Entre otro de los temas sobre los que habló se encuentra la posible irrupción en el mapa andaluz del eurodiputado y agitador ultra Alvise Pérez. Sobre ello, Moreno Bonilla mostró su sorpresa, dado que Se Acabó la Fiesta “no tiene estructura territorial ni arraigo”, pero echó la culpa a la “confrontación permanente”. En cualquier caso, se mostró convencido de que los andaluces “quieren un gobierno moderado y estable” focalizado en el “pragmatismo” y no en la “ideologización permanente”.