El Día de Andalucía ha tenido este sábado un doble escenario en Sevilla. Mientras las instituciones han celebrado los actos oficiales del 28 de febrero, una treintena de colectivos sociales y políticos agrupados en la Plataforma Andalucía 28F han convocado una manifestación en la capital andaluza para denunciar que la comunidad sigue siendo “una nación subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural”.

Así, la marcha ha partido a las 12.00 horas desde la calle Enramadilla y ha concluido ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Los convocantes han planteado la movilización como una expresión de la izquierda social y política frente a lo que consideran una celebración institucional que “le da la espalda a la Andalucía real”.

En su manifiesto, la Plataforma ha sostenido que el 28F oficial ha perdido el pulso reivindicativo que siempre había caracterizado la movilización autonomista y ha acusado a las instituciones de olvidar los “problemas seculares” que arrastra la comunidad. Frente a ello, han defendido la necesidad de “soberanía política para decidir nuestro futuro” y reclaman una Andalucía “republicana, feminista y ecologista” que apueste por lo público y por la paz.

Respaldo político y líderes nacionales

La convocatoria ha contado con el respaldo explícito de fuerzas de la izquierda alternativa y con la presencia de dirigentes de ámbito estatal. Igualmente ha acudido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que además es candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

También han participado el portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Junta, José Ignacio García; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; y el candidato de Podemos a la Presidencia andaluza, Juan Antonio Delgado. La manifestación se ha perfilado como un acto de afirmación política de las fuerzas situadas a la izquierda.

Así, García, ha aprovechado para reivindicar el 28F como una jornada de derechos sociales frente a lo que ha calificado de “postureo” institucional del presidente de la Junta, Moreno Bonilla. “El 28 de febrero no es el postureo de nadie; es sanidad pública, educación pública y vivienda”, ha afirmado. El de Adelante Andalucía ha sostenido que la celebración del Día de Andalucía “es mucho más que hacerse fotos y ponerse medallas” y ha cargado con dureza contra el Ejecutivo autonómico asegurando que le produce “vergüenza” que el presidente “se envuelva en la bandera andaluza” mientras, a su juicio, abandona políticas públicas esenciales.

Por su parte, el PSOE-A ha desarrollado su propia agenda con motivo del 28F. Su secretaria general, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, protagonizará un acto político en Moguer (Huelva). Igualmente, la socialista ha asegurado que para su grupo “es prioritario y urgente estar con los andaluces y andaluces” el 28F y ha anunciado que celebrará esta fecha “como un día reivindicativo” junto al pueblo andaluz en la localidad onubense.

Críticas al modelo económico y a la gestión sanitaria

El manifiesto de la Plataforma ha dibujado un diagnóstico severo de la situación socioeconómica andaluza. Los colectivos convocantes han alertado de un “desempleo crónico y precariedad estructural” que, según han sostenido, vuelve a empujar a jóvenes andaluces a emigrar en busca de oportunidades, reproduciendo un fenómeno histórico.

Asimismo, han cuestionado el modelo económico basado en el turismo, al que atribuyen efectos como la dificultad de acceso a la vivienda y el aumento de la pobreza y la exclusión social. En su análisis, la dependencia del “monocultivo turístico” impide un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio.

Del mismo modo, la sanidad pública ocupa un lugar central en las críticas. La Plataforma denuncia un “desmantelamiento dirigido” del sistema sanitario andaluz y pone como ejemplo la crisis en los programas de cribado del cáncer de mama. “Los recortes matan”, ha afirmado el texto, que rechaza que los problemas se reduzcan a fallos puntuales y los enmarca en un modelo de gestión que, a su juicio, favorece a la sanidad privada.

En este contexto, subrayan que el gasto sanitario por habitante en Andalucía es el más bajo del país y llegan a calificar el sistema andaluz como el peor del Estado en términos comparativos.