El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado un expediente de infracción contra Aqualia por el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga del servicio de saneamiento. En este contexto, la plantilla formada por trabajadores de Aqualia, que presta el servicio para EMASA, mantiene el paro indefinido iniciado el pasado 1 de febrero, que ya suma 19 días sin avances significativos en la negociación de sus condiciones laborales y del convenio colectivo que reclaman.
La falta de acuerdo en las negociaciones ha llevado a intensificar las movilizaciones. Esta semana los trabajadores iniciaron un encierro en el Hospital Noble, sede de la empresa municipal, como medida de presión, aunque la acción se prolongó únicamente durante esa jornada y fue suspendida esa misma noche tras acordarse nuevas reuniones. Desde el comienzo del paro también se han sucedido marchas y concentraciones en distintos puntos de la ciudad para visibilizar el conflicto.
Hasta la fecha se han celebrado nueve encuentros entre trabajadores y Aqualia, tres en el marco del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía) y una reunión con EMASA, sin que se haya alcanzado un acuerdo. La plantilla también ha señalado deficiencias en el seguimiento del contrato.
Durante la comisión de Medio Ambiente celebrada este lunes, los trabajadores expusieron sus reivindicaciones y aportaron nóminas que sitúan sus salarios en torno a 1.240 euros netos mensuales, indicando que llevan años sin una actualización significativa. Asimismo, advirtieron del impacto económico que supone la huelga, ya que por cada día de paro se les descuenta la jornada y la parte proporcional de pagas extraordinarias y complementos.
Entre sus principales reclamaciones figuran la negociación de un salario digno, el reconocimiento de la antigüedad, la consideración de la actividad como tóxica, penosa y peligrosa y una regulación clara de la jornada laboral que limite la libre disposición del tiempo de trabajo por parte de la empresa y facilite la conciliación.
La plantilla sostiene además que el contrato fija un mínimo de 35 trabajadores, mientras que actualmente el servicio se estaría prestando con 29 efectivos, lo que consideran un incumplimiento del pliego. En este escenario, han planteado incluso la posibilidad de rescindir el contrato con la UTE.
El expediente abierto por el Consistorio se enmarca en el apercibimiento realizado a la empresa por los servicios mínimos. El procedimiento podría derivar, en caso de mantenerse las irregularidades, en medidas de mayor alcance.