El Gobierno andaluz sigue sacando oro de muchos quilates del yacimiento administrativo y judicial de los ERE.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, se ha mostrado hoy seguro de haber dado con una veta particularmente prometedora: “Tres cajas fuertes llenas de papeles de los ERE” que los anteriores Gobiernos habrían ocultado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que investiga desde hace diez años el escándalo de las ayudas sociolaborales, cuya pieza principal ya ha sido juzgada y sentenciada con fuertes condenas a expolíticos socialistas.

El Gobierno andaluz ha enviado al juez instructor esa documentación hallada “en sobres lacrados” y hasta ahora “escondida bajo llave” pese a haber sido “requerida por los juzgados”. Entre los papeles encontrados hay documentación supuestamente comprometedora sobre operaciones realizadas en 1998 por la Junta de Andalucía con la empresa cárnica de Jaén Hermanos Molina (Hamsa).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha mostrado dos convenios privados, uno de ellos firmado por el entonces consejero Gaspar Zarrías "sin membrete oficial, sin haber pasado por Intervención, ni por Presupuestos".

El portavoz se ha preguntado: "¿Qué hacia un consejero firmando un documento privado? Esto es un escándalo y una vergüenza". Según el relato de Bendodo, con estos papeles "queda demostrada la operación fraudulenta que hacía la Junta de Andalucía, consistente en perdonar 8.000 millones de las antiguas pesetas y pagar otros mil más a una empresa de Jaén a sabiendas de que estas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea (UE) y que la empresa nunca iba a devolver los prestamos".

Operación Campofrio

El juzgado 6, de hecho, ya está investigando las ayudas otorgadas a la empresa jiennense y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el expresidente Manuel Chaves y el exconsejero Zarrías sean llamados a declarar en calidad de investigados (antes imputados). Según Bendodo, ni José Antonio Griñán ni Susana Díaz pusieron esta documentación en manos de la justicia cuando les fue reclamada.

El portavoz también ha exhibido a los periodistas un contrato de compraventa de Cárnicas Molina por 1.100 millones de pesetas, con fecha 30 de diciembre de 1998 y firmado por el vicepresidente de Campofrío y el exdirector general del IFA.

Según el documento, la cárnica crearía 300 puestos de trabajo y contrataría a extrabajadores de Hamsa. Campofrío invertiría 4.000 millones de pesetas en 4 años y la Junta de Andalucía se comprometía a la concesión de todas las ayudas que, como medidas de fomento del empleo, contemplara la legislación vigente. Este “convenio privado” solo se haría efectivo previa ratificación del Consejo de Gobierno, lo que demostraría según Bendodo que “todo el Ejecutivo tenía conocimiento de la operación”.

Reacción socialista

El PSOE ha reaccionado con dureza a las acusaciones de Bendodo. El partido que dirige Susana Díaz ha replicado en un comunicado que la documentación mostrada por Bendodo “no ha sido requerida por el juzgado, ya que la investigación judicial sobre los ERE abarca los años 2000-2010, y los documentos aportados por Bendodo datan de 1998".

En cuanto a las tres cajas de seguridad, en realidad "están integradas en el archivo general de la Agencia IDEA y guardan originales de escrituras y otros documentos oficiales, a los que se puede acceder solicitándolos al archivo general".

El PSOE ha anunciado también que pedirá la comparecencia en el Parlamento del actual director general de la Agencia IDEA, Fernando Casas, que con anterioridad fue secretario general de Hacienda y Administración Pública, director general de Tesorería y Deuda Pública (2017-2018) y director general de Presupuestos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía (2016-2017), con los gobiernos socialistas.