Su nombre oficial será Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su propósito es sustituir a las actuales Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), pero no solo a ellas. En concreto, la nueva norma derogará nada menos que 25 leyes y decretos, según ha adelantado el portavoz gubernamental, Elías Bendodo.

Se trata en realidad de una nueva Ley del Suelo que, según el Gobierno andaluz, propiciará “la recuperación económica y la generación de empleo de Andalucía mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares”. 

Pero lo que para el Gobierno son todo ventajas y bondades, en la oposición despierta numerosos recelos y sospechas. 

Maraña legislativa

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado hoy iniciar los trámites de elaboración del anteproyecto de la LISTA, que supondrá, según la consejera del ramo Marifrán Carazo, una revisión integral de la estructura legislativa en materia de ordenación del territorio, donde las sucesivas modificaciones de la LOUA “han enmarañado aún más una normativa urbanística” que en el futuro será, según promete la Junta, más clara para los agentes públicos y privados que operan en el sector.

Según Carazo, "el urbanismo en Andalucía es sinónimo de laberinto, caos legislativo, de ahí la situación de muchos municipios andaluces". Frente a ello, se dotará a la comunidad de una "legislación sistemática, coherente y ordenada", que además operará como un verdadero revulsivo económico para paliar los devastadores efectos del Covid-19.

La ley se tramitará –otra cosa que no gusta a la oposición– por el procedimiento de urgencia "por razones de interés público, ya que se pretende que conlleve efectos económicos indirectos de empleo y riqueza; no podemos esperar dos años para que entre en vigor y, con el trámite de urgencia recortaremos los plazos a la mitad", afirma la consejera.

La LISTA tiene como cometido “agilizar y flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual, lo cual se hará aunando en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%”.

Sospechas de la oposición

La izquierda teme, en cambio, que la futura ley favorezca un nuevo ladrillazo como el propiciado por la Ley del Suelo del primer Gobierno de José María Aznar, que puso en el mercado una gran cantidad de suelo urbanizable, lo que en teoría iba a hacer caer el coste de la vivienda, aunque su efecto habría de ser justo el contrario: aumento desbocado de los precios y burbuja inmobiliaria.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Haro ha exigido al presidente autonómico Juan Manuel Moreno “aclaraciones sobre a quién beneficia esta Ley del Suelo que pretenden imponer por decreto y sin participación política ni social”.

En opinión de los socialistas la nueva ley “favorece la especulación y los intereses privados”, que es lo que habría venido haciendo Moreno durante los últimos ocho meses: “Modificaciones en la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía siempre por la puerta de atrás, por decreto y dejando fuera al Parlamento, sin participación de los grupos políticas ni de la ciudadanía".

El portavoz socialista se pregunta “qué se traen entre manos, a quién beneficia esta manera de gobernar a golpe de decreto, que además nada tiene que ver con la pandemia”.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha censurado la propuesta legislativa “por tener como único propósito reflotar la burbuja inmobiliaria causante de la crisis de 2009”.

Para Aguilera, la tramitación de esta reforma legislativa incide en lo mismo que “nos han llevado a sufrir una década de problemas económicos sin precedentes y comparte objetivos con el decretazo de desregulación que aprobó el Ejecutivo y que ha sido recurrido hasta en cuatro ocasiones ante el Tribunal Constitucional".