El legado de Moreno Bonilla: una Andalucía cada vez más envejecida y sin respuestas eficaces en la sanidad pública

Andalucía se sitúa en 2026 ante uno de los retos demográficos más agudos de su historia reciente: el envejecimiento de su población, que sigue creciendo en proporción al número de jóvenes. Así, las consecuencias directas sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre la sanidad y la atención sociosanitaria en una región que no ha logrado articular respuestas adecuadas a una pirámide poblacional que modifica su base día a día.

Tal y como ha recogido El Correo de Andalucía, Andalucía está experimentando un proceso de envejecimiento progresivo, con una proporción cada vez mayor de personas mayores de 65 años con respecto al resto de la población, el 20% de los andaluces superan esa edad y el 6% los 80 años. Estos datos representan un desafío para los servicios públicos. Igualmente, los datos demográficos disponibles indican que el índice de envejecimiento ha alcanzado máximos históricos, con casi 129 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años en la comunidad autónoma.

Sin embargo, dicho envejecimiento no ha ido acompañado de una apuesta progresiva por reforzar los servicios públicos que las personas mayores requieren, algo que expertos y colectivos sociales llevan años advirtiendo.

Emergencia sociosanitaria y déficit de atención primaria

El envejecimiento poblacional implica una creciente demanda de atención sanitaria y servicios sociales que el sistema autonómico de Moreno Bonilla no está preparado para absorber según los especialistas. Organizaciones, como Comisiones Obreras (CCOO), han alertado del colapso del sistema de dependencia en Andalucía, con listas de espera que alcanzan hasta 600 días para valoración de grado y miles de personas mayores sin acceso a cuidados básicos. Además, Andalucía presenta uno de los peores indicadores en gasto sanitario por habitante y número de camas hospitalarias en comparación con otras regiones, algo que sindicatos y profesionales de la salud consideran incompatible con una atención digna a la población envejecida.

En este contexto, las personas mayores acumulan necesidades concretas, como atención de dependencia, cuidados domiciliarios o servicios de rehabilitación que la sanidad pública andaluza no garantiza con suficiente rapidez ni cobertura, dejando a muchas de ellas y a sus familias en una situación de vulnerabilidad estructural.

La falta de unidades de geriatría preocupa

Además de los retos vinculados a la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de servicios especializados ha sido cuestionada por diversos profesionales y asociaciones. Según publicaciones recientes, Andalucía sería la única comunidad autónoma sin unidades de geriatría plenamente implantadas en sus hospitales, algo que asociaciones médicas califican como una “discriminación al paciente mayor”. La falta de recursos especializados para atender patologías propias de la edad avanzada complica no solo los diagnósticos, sino también la gestión de enfermedades crónicas y la prevención de complicaciones que, en otras regiones, se abordan con personal especializado.

Para el presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología (SAGG), el doctor Jesús Vargas, que los mayores no tengan acceso a esta especialidad es "indefendible". "Podríamos incluso llegar a considerarlo una forma de edadismo", ha calificado. Este déficit sanitario se vuelve especialmente grave cuando se superponen con el envejecimiento generalizado: cuanto más mayor es la población, más servicios especializados y continuidad de atención requieren, algo que Andalucía no ha priorizado de forma suficiente.

Según ha confirmado la doctora Beatriz Contreras, geriatra del Hospital Juan Grande de Jerez, "estamos mucho menos preparados en la atención a nuestros mayores que el resto de comunidades porque aquí faltan geriatras. Estos pacientes están en un estado cognitivo, emocional y social que implica que reciban un tratamiento específico e integral. Desde que el paciente entra por la puerta tenemos que pensar en cómo y cuánto se puede deteriorar. Y eso todavía no está implementado aquí, no hay servicios ni formación".

Los geriatras llevan muchos años intentando tener un hueco en el sistema público andaluz. En 2023, la entonces consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció el reconocimiento de la especialidad como un paso para corregir el déficit histórico. Sin embargo, tres años después no se ha convocado ni una sola plaza de formación. La falta de una apuesta decidida para integrar a estos profesionales en la red hospitalaria andaluza se traduce en un hecho incontestable: la Geriatría no figura en la oferta del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Un desafío social

La población envejecida plantea también retos como la soledad no deseada, cuidado de familiares mayores y la necesidad de programas que promuevan envejecimiento activo y saludable. Para amplios sectores de la sociedad andaluza, el envejecimiento poblacional no es solo un dato estadístico más, sino una llamada a reforzar la sanidad pública, la atención primaria y la red de servicios sociales antes de que la situación se agrave aún más.

En una comunidad cuya demografía está madura y en pleno cambio, la pregunta que se deja caer sobre la política andaluza es si está preparada para garantizar los derechos y la dignidad de una población que envejece o si las carencias de la gestión pública dejarán a miles de andaluces dependientes de un sistema que no responde a sus necesidades reales.