Enfado monumental de la oposición. Para el PP "es un acto propio del absolutismo, una conducta propia del peronismo, del caciquismo, que revela el miedo y la debilidad de Susana Díaz”. Para Podemos, el PSOE hace “política partidaria y quiebra la costumbre de pactar con otras fuerzas”. Y para Izquierda Unida, renovar el Consejo Consultivo sin diálogo equivale a “restarle independencia” y denota por parte de Díaz “una actitud de arrogancia y sectarismo”.

Para el PSOE, en cambio, la cosa no es para tanto. La renovación del Consejo Consultivo ha sido “abordada de manera rigurosa, seria y absolutamente legal”. El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, asegura sentirse estupefacto ante la “airada reacción del PP andaluz, que ha perdido definitivamente las formas y el norte y falta al respeto a los andaluces y andaluzas al cuestionar un órgano como el Consejo Consultivo”.

Como se sabe, la función principal del Consejo Consultivo es velar en sus dictámenes por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

A vueltas con los ERE

Además de la polémica general, PP y PSOE se han enzarzado en su propia polémica particular con los ERE de por medio. Para la portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, la conducta unilateral del Gobierno andaluz “es una represalia por la decisión del PP de pedir la citación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para declarar como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE ".

Al reproche popular ha replicado Juan Cornejo diciendo que “en el PP andaluz escuece mucho el ridículo que han hecho al tratar de involucrar a la presidenta en el juicio y su reacción es disparar indignidades y falsedades a todo lo que se mueva, incluida una institución respetable como es el Consejo Consultivo”.

Competencia del Gobierno

De la misma opinión que el PSOE es, obviamente, el Gobierno andaluz. Su portavoz, Juan Carlos Blanco, ha defendido este martes que la renovación del Consultivo "es una competencia del Consejo de Gobierno de la Junta, que ha ido trabajando con intensidad a lo largo de los últimos meses para renovar esta nueva composición".

Blanco no entró a valorar por qué había prescindido en esta ocasión el Gobierno andaluz del consenso buscado en renovaciones anteriores: "Lo importante es cumplimiento de ley y el ejercicio de las competencias”.

Para algunos observadores políticos es difícil adivinar las ventajas que tiene para el Gobierno andaluz haber prescindido del consenso a la hora de afrontar la renovación, ya que la unilateralidad acaba perjudicando a la propia imagen institucional del Consultivo y tampoco garantiza el control político del mismo.

Miembros con exlusividad

El perfil netamente político de la nueva consejera Mar Moreno, senadora socialista, ha enfadado a la oposición, si bien para el Ejecutivo andaluz los nuevos componentes tienen todos "una acreditada experiencia, solidez y solvencia y son respetados por toda la comunidad jurídica". El portavoz también ha negado fricciones con el Consejo por dictámenes que no han sido del agrado del Ejecutivo.

Con dedicación de exclusividad, continúa como consejero el expresidente de la Junta Rafael Escuredo y renueva en el cargo por otros cinco años la exconsejera de Justicia de la Junta Begoña Álvarez. Además de Mar Moreno, se incorporan Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva.

Quedan fuera los dos consejeros que propuso el PP: Francisco Gutiérrez, que no había completado mandato, y José Antonio Sánchez Galiana, que en cambio había anunciado su vuelta a la actividad profesional.

Sin dedicación exclusiva

Sin el requisito de exclusividad, han sido nombrados como consejeros electivos José Manuel Jareño, exdecano del Colegio de Abogados Cádiz y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz; Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia de España y asesora técnica en el área de trabajo de Defensor del Pueblo; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CCOO; y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT. En este grupo, que forma el pleno del Consejo Consultivo, sigue en el cargo Ana Cañizares, consejera desde 2008.

La composición del Consejo Consultivo se completa con cinco consejeros natos: la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrago; el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Jesús Jiménez López; el director general de Administración Local, Juan Manuel Fernández Ortega; Vicente Oya, por los Colegios de Abogados de Andalucía, y Rafael López, representante de las Academias de Legislación y Jurisprudencia.