El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a 327.583 viviendas en situación irregular o ilegal. La modificación legislativa es menos severa con las edificaciones irregulares que otras reformas implementadas por Gobiernos anteriores y que no dieron el resultado perseguido. 

Según explica la web oficial de la Junta de Andalucía, esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, “trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad”.

La ausencia de inspecciones, la falta de celo de los sucesivos gobiernos autonómicos, la descoordinación entre administraciones, la falta de una policía urbanística, la costumbre de mirar hacia otro lado por parte de ayuntamientos de todos los colores políticos y una clamorosa ausencia de cultura en materia de ordenación del territorio son algunas de las variables que han hecho posible la caótica situación actual. 

"No es una amnistía"

Para la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, el decreto, que entra hoy en vigor, “no es una amnistía”, ya que se priorizará "la actuación inspectora y sancionadora" y no se podrán legalizar todas las viviendas, en concreto no las construidas en espacios protegidos o zonas inundables: su propósito es "poner fin a años de caos jurídico y urbanístico" de los anteriores gobiernos socialistas que fracasaron en al menos "tres intentos" de resolver el problema.

Marifrán Carazo resaltó la voluntad del Gobierno de “priorizar la actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema, aplicando así la competencia en materia de disciplina urbanística”.

Según la consejería, en Andalucía “existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas”.

Estas edificaciones, fuera de toda planificación, no cuentan con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.

El decreto de Carazo enfatiza “la protección ambiental y la simplificación de los procesos” con el objetivo de “mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares” y “corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo”.

Los pilares del decreto

El decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido, que se sustenta en tres pilares.

El primero parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Aceptada la posibilidad de la declaración de AFO para viviendas aisladas en general, "la Junta se ha negado hasta la fecha a admitir dicha declaración" para las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones). Para dichas situaciones "había que esperar a la aprobación del planeamiento general y también del plan especial o plan parcial" que lo desarrollase para poder acceder a los servicios básicos.

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

En segundo lugar, “los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos”. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, “un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU”.

Hasta ahora, “había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial”. A partir de ahora, informa la Junta, “el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos”.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.

Intentos del pasado

El decreto da cumplimiento al compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que anunciaba el pasado 11 de marzo que la Consejería de Fomento estaba preparando una nueva modificación legislativa para "regularizar y sacar del limbo" las miles de viviendas alegales adquiridas de “buena fe” por familias que merecen “una segunda oportunidad”. En esta legislatura, prometió, “la mayoría de las viviendas alegales encontrarán acomodo en la ley”.

La terminología del presidente era prácticamente la misma que utilizaba su antecesora Susana Díaz en septiembre de 2014, cuando anunció que propondría al Parlamento una nueva modificación normativa en la misma línea de la prometida por Moreno: regularizar las viviendas para "sacarlas del limbo jurídico y dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias a las que la Administración no puede dar la espalda”.

El Gobierno socialista ya hizo en 2012 una primera modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), vigente desde el año 2002, en la que delimitaba los criterios para determinar qué viviendas irregulares eran susceptibles de legalización y cuáles no.

No obstante, esa reforma con la que se pretendía regularizar unas 40.000 viviendas en toda Andalucía, tuvo menos impacto del esperado, en parte por los equilibrismos jurídicos a que se veía compelido el propio Gobierno andaluz –se legalizaban determinadas construcciones pero no así las parcelaciones que las habían hecho posibles– tal vez para no desautorizarse a sí mismo ni a los ayuntamientos –de todos los colores políticos– que habían permitido tal desbarajuste urbanístico.

Escaso celo

Habría una nueva modificación legislativa que entraría en vigor en 2015, entre cuyos beneficiarios figuraban de modo destacado turistas ingleses o alemanes que habían adquirido, en principio de buena fe, viviendas residenciales en la Axarquía malagueña o en la costa de Almería.

¿Dónde estaba la Administración autonómica o los ayuntamientos cuando los promotores de todas esas viviendas o urbanizaciones construían fuera de planeamiento para luego vender a familias nacionales o extranjeras que seguramente daban por hecho que la vivienda adquirida era perfectamente legal? Es bastante verosímil que responsables regionales y municipales estuvieran entonces más pendientes del empleo que creaba y de los impuestos que generaba esa fiebre del ladrillo que de vigilar el cumplimiento de su propia legislación.

¿Seguirá sucediendo lo mismo? La consejera Carazo ha prometido mayor énfasis inspector y sancionador, pero no ha especificó con qué instrumentos jurídicos o con cuántos efectivos humanos piensa cumplir su promesa.