La Junta de Andalucía ha decidido mover ficha de manera contundente en el enquistado caso del hotel de El Algarrobico, después de que el asunto volviera a saltar al escenario público este miércoles tras el aplazamiento del pleno municipal de Carboneras (Almería) al acuerdo para retirar la licencia de obra del hotel. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico solicitará directamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule de forma supletoria la licencia de obras del polémico inmueble.
Esta decisión llega apenas horas después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) decidiera aplazar la votación del acuerdo que debía anular dicha licencia. La maniobra municipal fue impulsada por el edil no adscrito Felipe Cayuela, quien pidió dejar el asunto sobre la mesa a la espera de más informes, y salió adelante gracias al respaldo fundamental de cinco concejales del PSOE y una exedil del PP. Unos cinco concejales socialistelas a los que el PSOE abrirá un expediente por saltarse la directriz del partido, que redunda, según ha sostenido la portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, en derribar el complejo hotelero "sí o sí".
El tono de la Junta de Andalucía se ha endurecido hasta el punto de confirmar que los servicios jurídicos están "estudiando" si existe algún tipo de "responsabilidad penal" en la actuación de los ediles que obligaron con su voto a aplazar el acuerdo.
"Está claro que hay que acabar cuanto antes ccon ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos", ha aseverado España, aprovechando la coyuntura que los ediles de Carboneras le han ofrecido al PP de Moreno. La portavoz del Gobierno en funciones ha pedido "explicaciones" al PSOE, las mismas que la dirección regional ha pedido a sus concejales del municipio almeriense.
Ante el bloqueo municipal, la Junta de Andalucía ha querido aprovechar el revuelo ocasionado y ha anunciado la convocatoria inminente -en cuestión de "días"- de la comisión mixta Junta-Gobierno de España, un órgano creado en 2011 con el objetivo de asegurar la demolición del hotel y la recuperación del paraje natural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Una comisión bilateral que, por otro lado, el Ejecutivo de Moreno se niega a convocar para abordar la financiación autonómica.
El Gobierno andaluz acudirá a esta reunión entre administraciones para exigir "explicaciones", "soluciones" y "responsabilidades" al Ejecutivo central, ha asegurado España, manteniendo su postura de que la anulación de la licencia es la vía legal correcta frente a la opción de la expropiación.
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