Pacientes de la provincia de Almería están siendo derivados hacia la vecina Región de Murcia para poder ser intervenidos quirúrgicamente en un hospital privado, en lo que ya se define como un "exilio sanitario", tal y como ha informado elDiario.es, que revela que la Junta de Andalucía destina unos cuatro millones de euros al año a un hospital privado murciano para operar a ciudadanos almerienses.
Son dos contratos los que posibilitan este traslados y cuyo importe alcanza los 3,8 millones de euros. Un primer contrato de 1,6 millones y posteriormente un segundo contrato que supera levemetne los 2,2 millones de euros para la derivación de pacientes a la región vecina, tal y como constata el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud.
La necesidad de desplazarse a otra comunidad autónoma para recibir tratamiento se ha convertido en una dura realidad para los usuarios de la sanidad almeriense. De este modo, el Ejecutivo autonómico recurre a clínicas privadas de Murcia como vía de escape ante la situación de colapso que atraviesan los centros públicos de la provincia.
Esta inyección de cuatro millones anuales en la sanidad privada murciana se presenta como la alternativa de la Administración autonómica para tratar de aligerar la carga de un sistema público fuertemente tensionado.
Las propias cifras oficiales de demora constatan esta saturación hospitalaria en la provincia. Actualmente, el tiempo medio que debe aguardar un paciente en Almería para entrar a quirófano se sitúa en los 131 días, una cifra que asciende hasta los 145 días de media cuando se trata de conseguir una cita con un médico especialista.
El embudo en el sistema público deja un balance de 4.500 personas en la lista de espera quirúrgica, de las cuales más de 4.260 han superado ya los plazos máximos garantizados por la ley para ser intervenidas. A esta cifra se suman otros 4.000 pacientes que siguen pendientes de una primera consulta externa, según los datos oficiales.
A la luz de la información publicada sobre las derivaciones a Murcia y de los elevados datos de demora, el traslado forzoso de pacientes a otras regiones evidencia la reducción de recursos y plantea interrogantes sobre una "hoja de ruta" marcada por el progresivo desmantelamiento de los servicios de la sanidad pública andaluza.