Si el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, fuera alemán o británico, probablemente ya habría dimitido.

En cambio, si fuera norteamericano en la América de Trump y tuviera que presentarse a unas elecciones para renovar su cargo, probablemente saldría reelegido o, en el peor de los casos, perdería por muy poco, pues los votantes, igualmente polarizados a ambos lados de Atlántico, no juzgarían la calidad profesional de su trabajo, sino la utilidad política del mismo.

Algo parecido, por cierto, sucedería en unas elecciones a juez a las que se presentaran Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños o Manuel García Castellón: si el censo fuera mayoritariamente de derechas los vencedores serían sin duda Alaya o Castellón, pero si fuera de izquierdas sería Bolaños quien se hiciera con el acta de juez: hasta ese punto la política ha contaminado a la justicia; hasta ese punto la justicia se ha convertido en un actor más de la política.

Alaya y García Castellón son hoy jueces fieramente admirados por la derecha: la primera, por haber sentado en el banquillo tres décadas y media de administraciones socialistas en Andalucía; el segundo, por empecinarse en empapelar al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por haber devuelto tarde y dañada a su asesora Dina Bousselham la tarjeta del móvil que a esta le habían robado: una fruslería en la que el juez de la Audiencia Nacional se diría que cree haber descubierto la punta de un iceberg venezolano.

Todos contra Núñez

El Fiscal Jefe Anticorrupción Luzón dio cobertura institucional y curso formal ante el Poder Judicial a la denuncia de los seis fiscales adscritos a Anticorrupción en Sevilla, según los cuales la juez María Núñez había entorpecido o ralentizado deliberadamente la instrucción de causas de alto voltaje político como el de los ERE o el de los avales de IDEA, favoreciendo así una prescripción que –la denuncia no lo decía, pero no hacía falta que lo dijera– habría favorecido al Partido Socialista.

Los fiscales presentaron su escrito en junio de 2019, Luzón tramitó poco después ante el CGPJ la denuncia por falta grave o muy grave dada “la desatención y retraso injustificado” de las causas, una delegación de la Unidad Penal del Servicio de Inspección del Poder Judicial se trasladó en octubre a Sevilla para investigar lo sucedido y ahora se han conocido sus conclusiones: la instrucción de Núñez se llevó a cabo “de forma correcta, ágil y ordenada (…) dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables (…) por tanto, no cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada".

Los retrasos de Núñez en los que los celosos fiscales creyeron ver una mano negra, socialista por supuesto, tenían en realidad una explicación bastante pedestre: “La complejidad de la actividad instructora desplegada ha podido estar en la base de la demora denunciada”.

¿Y ahora qué?

Bien, ¿y ahora qué? La respuesta es sencilla: ahora nada. Desde hace 13 meses, cuando lanzaron su escrito de acusación. hasta ahora en que se ha resuelto favorablemente a la acusada, la honorabilidad y el buen nombre de María Núñez han estado en entredicho en ámbitos judiciales y arrastrados por el fango en ámbitos mediáticos. Un dictamen en contra de Núñez le habría costado su carrera como juez; un dictamen favorable tiene coste cero para los denunciantes.

La juez Núñez, de baja por enfermedad desde hace meses, ha salido de esta batalla sin un solo rasguño administrativo o penal, pero no por ello el Partido Popular de Andalucía y los medios de comunicación afines van a dejar de acosar a la magistrada: no al menos mientras no llegue a las mismas conclusiones de presunta culpabilidad de los socialistas a las que fue llegando una y otra vez Mercedes Alaya, con quien también la Fiscalía tuvo discrepancias sobre la instrucción de los ERE, pero nunca de la envergadura de las habidas con Núñez.

Cuando hace un año el Fiscal Jefe Luzón presentaba su denuncia ante el Poder Judicial, los periodistas radiofónicos Carlos Herrera y Luis del Val se apresuraban a dictar sentencia: el primero la responsabilizaba de que el caso de los ERE pudiera acabar "en nada" y el segundo insinuaba con voz aterciopelada que la conducta de Núñez hacía “pensar a muchos que se trata de una juez prevaricadora y deshonesta, que parece más propicia a encubrir delitos que a castigarlos".

En la misma cadena –episcopal pero no necesariamente evangélica– el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, mostraba esos días su preocupación por el "retraso claramente anormal" de las diligencias ordenadas por Núñez, lo que podría provocar la prescripción y el archivo de determinadas piezas.

Éxito de critica y de público

Uno de los momentos de más intenso cerco político y mediático a Núñez fue en los últimos meses de 2017, hasta el punto de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria salieron en su defensa a raíz de que el PP presentara un extravagante incidente de recusación por formar parte una cuñada de Núñez de la plantilla de IDEA, cuya gestión investigaba la jueza.

Lamentaban ambas asociaciones “la difusión en varios medios de comunicación de informaciones poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada". Los compañeros de Núñez se referían a informaciones periodísticas procedentes del escrito de recusación del PP, que ciertamente fue tumbado en los juzgados, pero que cosechó un gran éxito de crítica y de público en la prensa conservadora.

En realidad, la derecha nunca le perdonará a Núñez haber pinchado algunas de las más jugosas burbujas judiciales infladas por la instrucción obsesiva de Mercedes Alaya, como el caso de la formación o el de los avales de la Agencia IDEA. De haber seguido Alaya instruyéndolas, es seguro que hoy habría otra tanda de políticos socialistas sentados en el banquillo.