El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda citar a declarar en calidad de investigadas a 21 personas, entre las que figura un exconsejero de la Junta de Andalucía, en el marco de la pieza separada relativa a la presunta concesión irregular de un aval por valor de 1.300.000 euros otorgado por la Agencia IDEA a la empresa Pickman La Cartuja de Sevilla S.A.
Atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, formalizada en su informe del 10 de diciembre de 2025, el magistrado ha fijado las declaraciones para los días 18, 24 y 25 de marzo, así como para el 7 de abril. Asimismo, la resolución judicial dispone la ampliación y prórroga del plazo de instrucción de la causa por un periodo adicional de seis meses, extendiéndose hasta el próximo 21 de junio.
En el mismo auto, el instructor acuerda notificar la resolución a un actual diputado del Parlamento de Andalucía por el PSOE, Gaspar Llanes, informándole de sus derechos conforme a los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se le ofrece la posibilidad de personarse en la causa y ejercer su defensa, para lo cual se ha librado oficio a la Secretaría General del Parlamento andaluz certificando su condición de diputado.
El juez explica que, aunque el Estatuto de Autonomía atribuye la competencia para el enjuiciamiento de diputados autonómicos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jurisprudencia permite al instructor continuar con las diligencias necesarias para "individualizar de forma precisa la acción concreta" del aforado antes de elevar, si procede, la exposición razonada al alto tribunal. El objetivo, señala el auto, es "depurar la instrucción jurisdiccional y concretar los indicios de criminalidad" sin que la condición de aforado paralice la investigación en este estadio procesal.
La causa investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El objeto de las pesquisas se centra en la concesión de ayudas en forma de avales a Pickman La Cartuja, presuntamente otorgados "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos" legales.
El instructor detalla la existencia de indicios sobre el uso ilícito de "avales propios o excepcionales" y "avales reglados" por parte de la Agencia IDEA para transferir fondos públicos de manera "injustificada y arbitraria". El auto apunta a que estas operaciones carecían de razones técnicas y jurídicas que las avalaran y que, en concurrencia con otras ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo, podrían haber constituido una "inyección continuada" de fondos públicos al margen de la legalidad vigente.