Inma –nombre ficticio– es profesora desde hace 20 años, pero el próximo curso podría quedarse sin trabajo. Inma, profesora de violín en conservatorio público, es una de las miles de interinas de España que, tras las advertencias de Europa, tenía la oportunidad de estabilizar su puesto de trabajo. Sin embargo, el proceso que venía a darle garantías y seguridad se ha convertido en un calvario administrativo que agrava el problema.

El caso de Inma es uno de los cientos que se están dando en Andalucía –y decenas de miles en España– y evidencia la incapacidad de la administración para regular las tasas de empleo temporal en sus filas. Esta profesora denuncia que los criterios aplicados por la Junta de Andalucía han “desfavorecido a los candidatos andaluces y premiado a los de fuera”.

El motivo de esta “injusticia y agravio” es la baremación de los méritos educativos. Un mismo mérito, en este caso el Grado Superior de Profesora de Violín conocido como Plan 66 habría sido valorado de distinta manera en Andalucía respecto a otras comunidades, lo que viene a contradecir la orden del Ministerio de Educación, que establecía un baremo común para 13 comunidades autónomas.

“Me quedé fuera de la estabilización cuando entraron los interinos de otras autonomías. Me llamó la atención que todos tuvieran más puntuación que yo”, explica. Inma cumple con el requisito y tiene méritos de sobra: doble licenciatura además de idiomas acreditados. “¿Todos en Baleares o en Castilla tienen 3 licenciaturas? eso me hizo sospechar de asimetrías en la baremación”.

Representantes de las comisiones de baremación y sindicatos como STE de Castilla la Mancha confirmaron la sospecha a Inma: lo que para ella valía un punto en Andalucía, para otros interinos valía el doble en sus comunidades. Resultado: Inma ha quedado fuera del proceso de estabilización a pesar de tener la experiencia y los méritos acreditados. Pero las listas ya están publicadas, su única opción ahora es recurrir y, en última instancia, acudir a la Justicia Contenciosa Administrativa. Por lo pronto, ha presentado un escrito en la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía. El caso de Inma es una gota en el mar, uno de tantos.

De la esperanza a la pesadilla burocrática

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía explican a El Plural que no hubo alegaciones en el plazo de 10 días y que el procedimiento cumple con el Acuerdo de la Conferencia de Educación que afecta a todas las comunidades autónomas y que, denuncias como las de Inma, han sido desmentidas por otras Comunidades Autónomas.  

Consultados por el caso, los sindicatos señalan la existencia de infinidad de errores que están perjudicando a miles de trabajadores interinos. “La baremación del Plan 66 de los profesores de conservatorio es uno de tantos, hay una infinidad de errores”, explica la responsable de Comisiones Obreras de educación en Andalucía, Lola Escabias. “En teoría, los baremos deben ser los mismos para todas las comunidades, a menos que se haya cometido un error”, nos explica también la responsable del área de Ustea, Carmen Yuste.

Las entidades de representación reúnen centenares de casos –y son solo parte de ellos– de afectados por la gestión “chapucera”, apunta Escabias, de la Junta de Andalucía. “Tenemos constancia de un enorme descontento porque muchas comunidades no han actuado de acuerdo a la mesa sectorial”.

Los sindicatos enumeran errores flagrantes en la elaboración de las listas baremadas. No se han contemplado titulaciones ni tiempo de servicio, se han mezclado los requisitos y los méritos o no se han corregido errores informáticos. De hecho, muchos solicitantes que estaban exentos de pago por contar con grado de discapacidad o familia numerosa se han quedado fuera de la convocatoria, a pesar de haber presentado la documentación justificativa, precisamente por no haber pagado.

De hecho, la Junta Andalucía publicó una lista con interinos aceptados que, posteriormente, fue reemplaza por un nuevo listado que incluía a interinos de otras comunidades, dejando a profesores andaluces fuera. “Sin embargo, no se les avisó ni comunicó la existencia de un nuevo listado, por lo que no tuvieron oportunidad de alegar dentro del plazo, porque el listado era el definitivo”, denuncian desde CCOO.

A la confusión también ayudó el Ministerio de Educación, que retiró el listado definitivo una vez publicado. De fondo, desde Ustea denuncian un error de concepción por parte del Ministerio, que “concibe este proceso con una idea perversa: estabilizar las plazas de trabajo, pero no a las personas interinas”. Para Yuste, este proceso no soluciona el problema de temporalidad e inestabilidad del sistema docente, pero tampoco de los profesionales, “se traduce en que estamos perdiendo a docentes necesarios con una experiencia y una formación enorme por culpa de una gestión administrativa pésima”.

Educación pública a la deriva

Los errores en la consolidación de los interinos acaban de empezar a conocerse. Lo previsible es que se traduzcan en un nuevo cuello de botella en la justicia contenciosa administrativa. Solo en Andalucía hay 37.000 docentes interinos que representan el 35% del profesorado en la comunidad. Un porcentaje que contrasta con el recomendado por la legislación europea, de un 8% de trabajadores temporales en la administración.

La precariedad del sector público andaluz no solo contrasta con las exigencias europeas, sino con otras comunidades autónomas. El actual proceso de estabilización afecta en Andalucía solo a 6.113 plazas de las más de 30 mil existentes. Si se solucionaran todas las irregularidades que están surgiendo, aun así, la comunidad estaría muy lejos de cumplir la normativa comunitaria, otras comunidades como Cataluña, sí llegarían al ansiado 8%.

El análisis de estas cifras refleja, para CGT, la “gran estafa” para los interinos que está realizando la Junta de Andalucía. El sindicato cuestiona las verdaderas intenciones de la Junta con el sistema público, “tendrán algún plan secreto? … ¿seguir privatizando la educación aumentando todavía más recursos y profesorado destinados a centros privados concertados?”

La anterior crisis económica y la Ley Montoro congelaron la ampliación y renovación de los trabajadores en el sector público. Sin oposiciones, los interinos fueron aumentando, supliendo las carencias en, por ejemplo, educación o sanidad. España se comprometió a asumir la proporción del 8% para las contrataciones eventuales o de interinos. Pero nuestros interinos, como es el caso de Inma, se eternizan a lo largo de décadas en la inestabilidad. El proceso de estabilización que venía a respaldarlos les está dando la puntilla.