La inestabilidad se apodera de San Juan del Aznalfarache: Gobierno dividido y 5 concejales del PP en procesos judiciales

La situación política en San Juan de Aznalfarache atraviesa uno de sus momentos más delicados del mandato municipal. La ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y el grupo municipal Cambia San Juan ha dejado al Ejecutivo local en una posición de clara debilidad institucional, gobernando con solo siete concejales de los 17 que componen la corporación municipal.

La decisión de la alcaldesa, María Luisa Moya (PP), de romper el acuerdo de gobierno que mantenía con Cambia San Juan ha supuesto un giro en la política local que ha derivado en un escenario de fuerte inestabilidad. Desde ese momento, el PP gobierna en solitario y en minoría, lo que complica la aprobación de iniciativas municipales y la gestión cotidiana del Ayuntamiento.

El nuevo equilibrio político obliga al gobierno local a buscar apoyos puntuales en el pleno para sacar adelante medidas clave, una circunstancia que, según la oposición, dificulta la gobernabilidad del municipio.

Cinco concejales del PP en procesos judiciales

A la fragilidad política del Ejecutivo se suma ahora un nuevo elemento que aumenta la tensión institucional: la situación judicial de varios miembros del equipo de gobierno. Según ha denunciado el PSOE local, cinco de los siete concejales del PP que forman parte del gobierno municipal están inmersos en diferentes procedimientos judiciales o investigaciones, lo que, a juicio de la oposición, evidencia una crisis política sin precedentes en el municipio.

El último caso conocido es el de la concejala de Hacienda, María del Carmen Cano, cuya imputación en el procedimiento relacionado con un contrato del mantenimiento de las piscinas municipales ha reavivado el debate sobre la gestión del equipo de gobierno. Pero este no es el único frente judicial abierto. La concejala Ascensión Blandino cuenta con una condena por un despido irregular, mientras que Dolores Amaya se encuentra inmersa en un proceso judicial tras una denuncia por amenazas.

Además, el concejal Ricardo Ruiz está siendo investigado por la Oficina Antifraude en relación con un contrato del servicio de limpieza, y la propia alcaldesa, María Luisa Moya, figura también como investigada en el caso de las piscinas municipales. Esta acumulación de causas judiciales afecta, según la oposición, a la mayoría del equipo de gobierno.

Una crisis institucional

La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache, Inmaculada Muñoz, ha expresado la “máxima preocupación” de su partido por una situación que, según ha afirmado, “ha llegado al límite” en la coordinación del gobierno municipal. Así, Muñoz ha asegurado que el Ayuntamiento se encuentra “en una vorágine de casos abiertos” que afectan directamente a la gestión del municipio y cuestionan la estabilidad del ejecutivo local. “De los siete concejales que forman el gobierno municipal, cinco están inmersos en procesos judiciales”, ha subrayado la dirigente socialista, quien considera que esta situación dificulta el normal funcionamiento de la administración local.

La líder socialista también ha advertido que únicamente dos miembros del equipo de gobierno no están, por el momento, vinculados a causas judiciales. No obstante, ha señalado que incluso uno de ellos, el concejal de Urbanismo, está siendo objeto de críticas vecinales por la gestión del proyecto de una gasolinera en la zona de Valparaíso, un asunto que ya motivó un pleno extraordinario monográfico.

Más allá de las causas judiciales, la oposición ha denunciado que la situación política del Ayuntamiento está teniendo repercusiones directas en la gestión municipal. Entre los problemas señalados por el PSOE figuran actuaciones como la tala de naranjos que, según han denunciado, se habría realizado sin informes municipales previos, así como conflictos derivados de obras públicas, problemas de seguridad en algunas zonas y tensiones con comerciantes locales.

Igualmente, han mencionado el malestar generado en áreas como el Pasaje Nogonsa o los problemas de suministro eléctrico registrados en determinados barrios del municipio. Para la oposición, estos conflictos reflejan una falta de coordinación en el gobierno local que se ha agravado desde la ruptura del pacto con Cambia San Juan.

Un mandato marcado por la fragilidad política

La aritmética municipal deja al gobierno del PP en una posición especialmente delicada. Con solo siete concejales de un total de 17, el Ejecutivo necesita apoyos externos para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento.

Esta situación se produce en un contexto en el que las tensiones políticas han ido en aumento en los últimos meses, alimentadas tanto por las discrepancias entre los grupos municipales como por los diferentes procedimientos judiciales que afectan a miembros del equipo de gobierno. Desde la oposición sostienen que la actual situación evidencia una crisis política que compromete la estabilidad institucional del municipio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento afronta la segunda mitad del mandato en un escenario de incertidumbre, marcado por la fragilidad parlamentaria del gobierno local y por una creciente presión política para aclarar los distintos procedimientos judiciales abiertos.