El matrimonio de políticos y burócratas a veces engendra monstruosidades, especialmente, en las situaciones límite como la actual en la que las medidas adoptadas para afrontar la anormalidad de la pandemia provocan incongruencias que la ciudadanía no entiende.
La Administración en todos sus niveles ha reducido la atención presencial al público a mínimos irrisorios. Hasta el punto de no dejar pasar a un acompañante de persona mayor a una gestión en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla (ejemplo del que he sido testigo), retrasar tramitaciones en todos los organismos aunque no sean los directamente implicados en ERTEs o prestaciones como el IMV, desviar gestiones a servicios telefónicos insuficientes y desbordados y otras muchas en ayuntamientos, gobiernos autonómicos y servicios del Estado.
Lo que se percibe es que los funcionarios se han blindado con la máxima rigidez frente a la más remota posibilidad de contagio a costa de la atención al ciudadano y se ha mirado para otro lado respecto a los botellones o a las condiciones infrahumanas de los alojamientos de los trabajadores del campo. Como siempre una doble vara de medir.
En Andalucía, este verano atípico de 2020 nos ha deparado otra incongruencia en las playas: la superposición de los vigilantes de la Junta de paseo de tres en tres, las patrullas de la policía local respectiva, los socorrista de la Cruz Roja y el personal de Protección Civil. Faltan rastreadores o vigilantes contra el fuego en los montes o personal sanitario, pero en las playas no cabe un vigilante más con cargo al erario público.
Es verdad que la desescalada tras el confinamiento ha coincidido con las vacaciones de verano, pero este incongruente desaguisado administrativo también requiere una auditoría como la que han solicitado decenas de científicos respecto al abordaje de la pandemia, porque tras todo lo sufrido y lo que nos queda, la inmensa mayoría de la ciudadanía que se ha portado responsablemente no merece esta desatención y tantas incoherencias.