Granada vuelve a ser quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz. Lo ha venido siendo en la sanidad y amenaza ahora con serlo en la educación.

Profesores, alcaldes, padres y madres de alumnos y los sindicatos CGT y USTEA han convocado para mañana jueves una jornada de huelga y movilización en la provincia para oponerse a los planes de la Junta de Andalucía de suprimir hasta en 51 colegios de zonas rurales –técnicamente denominados Semi D– los dos primeros cursos de la ESO, que en teoría deben impartirse únicamente en los institutos.

El perfil de los centros

La aplicación de la medida, que entraría en vigor el curso próximo, obligaría a un máximo de unos 700 alumnos a cursar la ESO en localidades donde existen centros de Secundaria.

De los 51 centros, 14 son colegios públicos rurales (con aulas situadas en distintos pueblos cercanos entre sí) y 37 colegios de Infantil y Primaria. Están ubicados sobre todo en la Alpujarra y la costa granadina.

En ese medio centenar de centros de Granada se cursa desde Segundo Ciclo de Infantil hasta segundo de la ESO. Según la Junta, los alumnos de primero y segundo de la ESO deberían hacer estos cursos en centros de Secundaria. De hecho, dice Educación, cuando se incorporan –al cumplir los 12 años– al instituto tras cursar el segundo de la ESO en un centro Semi D “su rendimiento académico es menor”.

Las razones de la Junta

La Junta esgrime argumentos pedagógicos que la comunidad educativa no acepta. “Hay cientos de maestros que están dando especialidades para las que no están formados”, dice el delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo,

Recalca Castillo que estos centros Semi D son vestigio del anterior modelo educativo, que tenía ocho cursos de EGB, y no se adaptaron en su día a la LOGSE, que elevaba de 14 a 16 años la edad mínima de escolarización obligatoria, lo que se materializó en la división entre enseñanza Primaria y Secundaria. En principio, los centros tenían diez años para acomodarse a la normativa, pero han pasado casi 30 desde la entrada en vigor de la LOGSE, sustituida por la contestada Ley Wert.

Aunque, según la Junta, “no se va a cerrar ningún colegio rural” ya que el 80 por ciento de las actuales plantillas de tales centros seguirán en ellos y solo un 20 por ciento serán trasladados, familias y sindicatos presentaron la semana pasada 5.000 firmas contra la medida de supresión de los centros Semi D.

Granada es, según la Junta, la provincia que más alumnos de Secundaria tiene fuera de los institutos. Hay centros Semi D en los que comparten aula alumnos de primero y segundo de la ESO. Educación aduce que en este curso la Junta está manteniendo “centros rurales con menos de tres alumnos” y que su única pretensión es que “los padres lleven a sus hijos al instituto para garantizarles la mejor enseñanza posible”.

Las razones de los críticos

En muchas zonas rurales no se comparten las bondades pedagógicas proclamadas por la Junta. En la localidad de Castril, por ejemplo, dos centenares de personas cortaron días la carretera A-326 como protesta. Los críticos con los planes de la Junta ven en ellos un intento de “unificación de las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria de varios centros educativos en uno”.

Para el exdelegado de Educación en Granada con la Administración socialista Germán González Pérez, las medidas de la Junta con “arbitrarias y partidistas”. En un artículo publicado en el digital El Independiente de Granada, González critica que “el servicio de Inspección ha sido utilizado como correo, ya que se empezó a justificar tal reordenación amparándose en informes del propio servicio de Inspección que a nadie se enseña. Es decir, parece que se utiliza al servicio de Inspección para que aguante las culpas de tal decisión”.

También reprocha el exdelegado a su sucesor en el cargo que haya puesto en duda “la preparación y profesionalidad de los maestros y maestras que ejercen su labor en estos centros”.

En contra de lo que sostiene el departamento que dirige Javier Imbroda (Cs), los convocantes de la protesta de mañana sospechan que la decisión de acabar con este tipo de centros "no es un imperativo legal, sino la decisión de un Gobierno que ha empezado por poner sobre la mesa recortes para ahorrar”.

Opina la Diputación

Días atrás también terciaba en el debate el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hubiera sugerido a la Corporación Provincial colaborar con la Junta para mantener centros amenazados por la despoblación de las zonas rurales. 

Entrena replicaba que "si la Diputación tuviera competencias en educación, no se cerraría ninguna unidad escolar en la provincia", donde la institución que preside "viene colaborando con los ayuntamientos en el mantenimienot de los colegios y en las obras de mejora de los mismos".